s obvio que si el Ejército tuviera en su poder a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no los mantendría en sus instalaciones y menos aún en las del 27 Batallón de Infantería, cuyos elementos son acusados de haber participado en la tragedia del 26 de septiembre pasado; pero también podría parecer obvio que si los militares son inocentes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Se- dena) y la Procuraduría General de la República, no tienen razón para negar el paso a los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cuyos expertos no les han autorizado que entrevisten a los soldados.

Así, en tanto el gobierno de la República se sigue oponiendo a la solicitud de la CIDH, se fortalecen las sospechas de que, como aseguran sobrevivientes, los militares estuvieron en la escena de la desaparición de los jóvenes y en consecuencia mucho tienen que decir al respecto, pero en vez de presentarlos, la Sedena niega los hechos. ¿Qué esconde entonces? En consecuencia, el gobierno deja en manos de quienes reclaman la presentación de los estudiantes, la bandera que enarbolan para que en sus movilizaciones, como la realizada este miércoles, lleguen hasta el cuartel militar y la emprendan contra las instalaciones.

Si abrir la puerta a los expertos de la CIDH pudiera considerarse por la Sedena un acto deshonroso, más deshonro- so es que los manifestantes lleguen al cuartel y derriben parte de la rejas de entrada, lo que podría considerarse una humillación, hecho imposible hace unos años. Luego, el gobierno prefiere que falten al respeto a sus militares de esa manera a conceder la entrevista a los investigadores.

Ahora que, aun cuando en estos momentos accediera a la tan reiterada solicitud del organismo internacional, ya dejó el antecedente de que, contra viento y marea, protege a los militares, colocándoles una aureola de intocables. Si el caso Ayotzinapa no fuera suficiente, habría que remontarse a la masacre de 10 indígenas en El Charco, municipio de Ayutla, acusación que recae directamente contra los militares, ninguno de los cuales ha sido castigado, debido a lo cual la OEA ya toma cartas en el asunto.