in debate público alguno y con el amago de servirse impositivamente de mayorías legislativas PRI-PAN-PVEM, siempre estuvo claro que –siguiendo a Funsalud–, el objetivo del frustrado proyecto de universalidad que, durante 26 meses la secretaria Mercedes Juan machacó como la reforma que sigue, buscaba abrir al sector privado la prestación directa de servicios.

En 2013 sostuvo: Lo que sigue es una reforma, como propone Funsalud, sobre la base de un fondo único integrado con impuestos generales y la aportación del gobierno federal. Con ese dinero se podrían tener redes plurales de servicios. Agregó: Lo que queremos es que una persona pueda elegir dónde se quiere atender, lo que permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y así mejoraría la calidad.

Además, imponiendo un derecho a la salud degradado sólo a paquetes básicos mínimos como toda responsabilidad estatal, Mercedes Juan (con las observaciones del ministro José Ramón Cossío), aguardaba detonar la participación de los sectores privados y asegurador, vía pólizas complementarias, para atender con nuevos cobros, lo que excluyen esos paquetes.

También en 2013, Verónica Malo (Centro de Estudios Espinosa Yglesias) estimó que la salud universal que cocinan hace dos años el gobierno federal y al menos 75 especialistas busca protección sólo para atención primaria. No es costeable para el Estado un seguro amplísimo que cubra todos los padecimientos; eso es imposible. Se propone atención a la salud básica, atención primaria, que cubra un paquete específico de enfermedades, vacunas y atención de emergencias. Garantizar un piso mínimo y que todos los proveedores públicos o privados comiencen a competir por la atención básica.

Recientemente, en la 25 Convención de Ase­guradores, Mario Vela, presidente de AMIS y ejecutivo de GNP Seguros, presentó una iniciativa a la SHCP para que afiliados del Seguro Popular puedan mudarse a aseguradoras privadas. Sí lo que desea es protección más amplia, dijo, el gobierno podría entregarle el subsidio de su cobertura popular para que él la complete comprando una póliza. Ello permitiría que afiliados de escasos recursos accedieran a coberturas más complejas que, por su definición, el Seguro Popular no puede ofrecer. Se trata de facilitarles un incentivo para comprar una cobertura que permita darles acceso a la infraestructura y especialistas del sector privado.

La participación directa de privados en la política pública es gran asunto pendiente que debe debatirse amplia y pluralmente de inmediato. Venturosamente, el 25 de mayo Alejandro Alfonso Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) y director del Centro Médico ABC, consideró necesario aclarar que su capacidad efectiva de atención, debería ser relativizada oportunamente.

Resumiendo información pública de amplia difusión, Díaz confirmó, primero, que: la solución no está en ellos. Porque contrario a lo que la gente piensa: somos pocos y malos. Encontrar un hospital privado malo es fácil: tira una piedra y le pega a tres o cuatro.

Después puntualizó que los parches ya no sirven. Asegurar la protección de la salud requiere de un barco nuevo que liquide las deficiencias administrativas y carencias de recursos en la prestación de servicios del sector público. Y que, simultáneamente, permita la participación de privados con reglas y normatividad claras para evitar abusos y desviación de recursos. Y para ello se necesita, enfatizó, un criterio guía de los cambios que puedan ocurrir en unos cuatro años: se requiere un sistema que responda a las necesidades de salud de los próximos 25-30 años.

Finalmente reiteró que los hospitales están diseñados para curar enfermedades y se siguen construyendo bajo normas de 1970. Pese a que, ahora, el discurso se enfoca a la prevención. No existe, subrayó, la infraestructura donde eso se pueda concretar.

En la opinión del representante de la ANHP la mayoría carece de protocolos y compromiso, pero sí son un gran negocio, sobre todo si por alguna infección o complicación los pacientes deben permanecer más días hospitalizados, porque la cuenta crece. Por eso, insiste, es falso pensar que los hospitales privados van a solucionar los problemas del sistema: El país está lleno de historias en las que en diferentes sectores los particulares, lejos de solucionar algo, lo empeoran. No nos dejemos engañar.

Díaz reconoce que los dueños de hospitales aguardan cambios legales y normativos que permitan incursionar en la prestación de servicios: Hay gente con los bolsillos listos para invertir, porque somos 110 millones de personas. Sólo hacer diálisis es un negociazo. Y está bien que quien invierta tenga el retorno adecuado, pero esa no es la solución al problema de salud.

¿Qué falta? Para Díaz es claro que para evitar desvíos de recursos, abusos y mentiras, el gobierno debe preservarse como rector del sistema y terminar con la relación asimétrica entre médicos y hospitales, así como con los pacientes que tienen que confiar en los tratamientos que les prescriben y, buscando segunda opinión, carecen del respaldo de sus médicos.

Además debe tomarse en cuenta al personal sanitario: médicos que están ahí, pero carecen de representación nacional. Así como las enfermeras, donde las egresadas no tienen las capacidades que los empleadores necesitamos. Todo esto: no se resuelve con dinero.

Por ahí y, ante todo, por lo que requiere efectivamente hoy por hoy la salud del mexicano del siglo XXI, debe proseguir el debate ya en curso. Debate que evita deliberadamente la hueca universalidad no universal de Mercedes Juan-Peña Nieto.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco