e ha abierto el debate judicial sobre las afectaciones que los transgénicos de maíz producen al ambiente y a la salud, aunque provisionalmente la siembra de estos productos biotecnológicos esté suspendida. Para alcanzar esta oportunidad de acceso a la justicia, organizaciones y cooperativas campesinas, productoras y comercializadoras de nuestro maíz, así como grupos de ambientalistas, organizaciones de derechos humanos e importantes personalidades de la comunidad científica, sortearon en 17 tribunales federales 22 juicios de amparo que en su contra intentaron el gobierno federal y cinco empresas trasnacionales. Unos de esos amparos fueron negados; otros desechados; unos más archivados o sobreseídos, y por fin otros más concedidos, pero ordenando que por la gravedad de los riesgos probables la siembra de transgénicos debía permanecer provisionalmente suspendida. Los amparos combatían entre otras cuestiones la suspensión judicial de la comercialización del maíz transgénico; sentencias de apelación; sentencias de revocación, y la admisión de una demanda colectiva que desde el 5 de junio de 2013 habían interpuesto 20 organizaciones y 53 personalidades de la sociedad civil. Solicitaban suspender la suspensión, inhabilitar a un magistrado y declarar la inconstitucionalidad de las leyes sobre acciones colectivas, etcétera. Esta vorágine debió ser organizada y sistematizada para poder presentarse a cada uno de los 17 tribunales federales. Ante la avalancha de sofismas transgénicos, algún tribunal podría haber determinado una resolución fatal que hubiera permitido la siembra de maíz transgénico en algún lugar del país, contaminando con ello al sembrado en otros lugares no previstos, y luego en otros y otros. No todo se resolvió como lo solicitaron quienes interpusieron la demanda colectiva, yo entre ellos. Sufrimos tragos amargos, pues los tribunales son fríos, aunque al final de esta primera etapa la demanda colectiva y la suspensión provisional se abrieron paso. Igualmente la información debió ser sistematizada para enfrentar los embates mediáticos. Por ejemplo, cuando en diciembre de 2013 una secretaria judicial en funciones de juez federal, por vacaciones del titular, desechó la demanda y levantó la suspensión, un boletín de la industria trasnacional aseguraba que la siembra de maíz transgénico comenzaría, sin que ello fuera una verdad legal definitiva.

Igualmente en febrero de 2015 debió aclararse cómo un amparo concedido a la agroindustria contaba con efectos que en realidad protegían a nuestros maíces nativos de la amenaza transgénica. Dos años después inicia entonces la segunda etapa. El juez federal Francisco Peñaloza Heras, recientemente designado al frente del juzgado duodécimo de distrito en materia civil en el primer circuito, deberá decidir en primera instancia si concede medida precautoria definitiva que suspenda, hasta el final del juicio colectivo, el otorgamiento de permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico. Para ello tendrá como antecedente estos dos años de litigio colectivo que he tratado de sintetizar en líneas anteriores.

Como era de suponerse, en las semanas recientes los argumentos de todas las partes aumentaron en volumen, aunque desde nuestra perspectiva podrían resumirse así: 1) Sagarpa reconoció que los transgénicos de ninguna manera incrementan el rendimiento o producción, y que durante la suspensión provisional la producción de maíz aumentó. 2) La comisión intersecretarial del ramo presentó un estudio del que se desprende que los insumos de la siembra con transgénicos se encarecen a lo largo del tiempo. 3) La Secretaría de Hacienda reconoció que durante la suspensión provisional la importación de maíz fue menor a años anteriores. 4) La Secretaría de Salud reconoció que no realiza evaluación alguna sobre los impactos sanitarios de la siembra de transgénicos. 5) La Semarnat ocultó que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha detectado presencia ilegal de maíz transgénico en maíz nativo en seis estados del país, pero nosotros ya presentamos la evidencia. 6) La trasnacional Monsanto ya reconoció que hay flujo de genes de maíz a grandes distancias y entre distintas regiones. 7) La corporación de Syngenta reconoció también que hay flujo de semillas en manos campesinas y que el objetivo de la agroindustria es la explotación exclusiva de su tecnología. 8) La multinacional integrada por Pioneer y Dupont afirmó que sus siembras experimentales y piloto tienen fines comerciales. 9) El Conacyt reconoció que la investigación en biotecnología por parte de centros y universidades de carácter público se rezagó debido a la Ley de Bioseguridad, y no a la suspensión provisional de la siembra de transgénicos. 10) Ningún demandado reconoció que la Organización Mundial de la Salud clasificó al herbicida que utilizan los transgénicos como probable cancerígeno; sin embargo, la colectividad ya presentó la evidencia. 11) En 22 meses de suspensión provisional no ha sucedido ningún daño mayor que el que pueden causar los riesgos de siembra de maíz transgénico en 3 millones de hectáreas, como lo solicitan. Por todo ello pensamos que el juez Peñaloza debe otorgar la suspensión definitiva con una duración hasta el final del juicio de la acción colectiva.

Hoy México además se coloca como un referente internacional en la defensa de la biodiversidad, del maíz nativo y de todos los derechos de las personas y pueblos asociados a este problema. La esperanza de que definitivamente se suspenda el uso de maíces transgénicos en nuestros territorios se nutre sí de esta lucha monumental en el ámbito jurisdiccional, pero también de la lucha social de los pueblos campesinos e indígenas, que a lo largo de los siglos han cultivado, conservado y cuidado la diversidad que hoy tenemos en nuestros maíces. A dos años de la demanda colectiva, la exigencia es la misma: no al maíz transgénico, sí al maíz nativo.