un si el largo túnel clandestino y toda la operación que respaldó la fuga de El Chapo del penal de más alta seguridad en el país, la cárcel de Almoloya de Juárez, fueran la obra estricta del cártel de Sinaloa, nadie caería en la idea de pensar que sus diligentes topos actuaron sin la complicidad de las autoridades. La doxa de hoy ­–léa­se: la opinión común– enseña que el crimen organizado ha infiltrado a tal grado a las instituciones públicas, que ya no es posible distinguir la borrosa frontera entre la delincuencia y los cuerpos de policía.

Es la misma impresión que hoy alberga la opinión pública en muchos otros países. El diario El País, por sólo dar un ejemplo, escribió en su editorial del miércoles 15 de julio: “Peña Nieto inició su mandato hace tres años con un ambicioso… programa de reformas, del que hoy se dará un paso histórico con las primeras concesiones petroleras. Pero si no acaba con la impunidad y no avanza en la consolidación del estado de derecho, esas reformas se habrán construido sobre la arena”. La elemental ironía que contiene este mensaje es que el diario español no esperó, al menos, a escuchar la explicación oficial de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades mexicanas ya no cuentan, hoy en día, no digamos con la confianza de la opinión pública global, ni siquiera con el mínimo beneficio de su duda.

En cierta manera, hay algo de absurdo en toda esta percepción. Quienes hoy más apoyan con inversiones, empréstitos y reconocimientos oficiales en Madrid y París a la administración actual, son los mismos que denuncian su corrupción, su falta de capacidad para consolidar un estado de derecho y su complicidad con quienes actúan fuera de la ley. Y no se trata de un diario en particular. The Wall Street Journal o Financial Times comparten la misma idea. ¿No hay acaso algo de inconexo o irracional en esta posición?

Tal vez habría que recurrir a Hegel, cuando afirma que frecuentemente lo que aparece como irracional en el mundo del reconocimiento, resulta perfectamente racional en el de la acción (Handlung). Esa doxa que sostiene que el narco avanza porque intimida y/o corrompe a los funcionarios públicos, sólo contiene la mitad de la historia. La otra mitad, la fundamental se podría decir, reside en que la relación entre el Estado y el crimen organizado, y no sólo en México, se transformó en una tecnología de gobierno, en una técnica de la actual sociedad de control.

Hay tres aspectos que se podrían destacar al respecto.

1) La neutralización de lo político. Si analizamos con más detenimiento las semanas previas que antecedieron a las pasadas elecciones intermedias de junio, lo que se observa es una auténtica producción de un ambiente creciente de violencia, en el cual las acciones del narcotráfico ocupan un lugar decisivo. Tan sólo la quema simultánea de más de 50 camiones en Jalisco por el cártel Nueva generación arroja una imagen desplegadamente cinematográfica. Actos similares sucedieron en Tamaulipas y otros estados. Lo que se propicia con este clima es una estampida del voto en favor de las instituciones y una unificación tal de la sociedad política, que excluye ya su principio esencial de diferencia, es decir, lo político propiamente dicho.

2) Un Estado a la sombra. Si algo resultó claro en el crimen de Ayotzinapa es que bajo la rúbrica del crimen organizado actúa una parte de la fuerza pública de manera sistemática y soterrada para evadir precisamente la identificación entre el Estado y las políticas de inmovilización social.

3) La impunidad de lo local. Hace cuatro meses, el gerente de una minera canadiense explicó, a raíz del robo de 8 millones de dólares en lingotes de oro, cómo debía pagar protección ante los círculos locales del crimen organizado. Ya no le asombraba, dijo, que muchos de los miembros de los cárteles fueran también miembros de las policías locales. ¿Protección frente a quién? Antes que nada: frente a las demandas contra la contaminación del agua, la usurpación de tierras ejidales y la violación de derechos de los trabajadores de la empresa.

No es que las organizaciones del narcotráfico no representen un formidable desafío para la consolidación del estado de derecho, pero lo visible es que ese no-lugar llamado crimen organizado no es frecuentemente más que la fachada de un Estado en decadencia, horadado como un queso por los hoyos que demarcan las zonas de su propia ilegalidad.