l pasado 15 de julio se llevó a cabo la primera licitación de la ronda uno de la reforma energética. Desde cualquier punto de vista, fue un rotundo fracaso que debe obligar a todos –gobierno, partidos y ciudadanía– a un análisis cuidadoso y a la rectificación de una política energética que por la forma y el momento en el que se está implementando, no puede sino arrojar resultados catastróficos.
Se licitaron 14 bloques petroleros. A pesar de que los mínimos exigidos por la SHCP fueron raquíticos (como se analiza a más detalle más abajo), sólo se adjudicaron dos bloques (el 2 y el 7), ambos a una empresa que, al día siguiente nos enteramos por la prensa, fue constituida, hace un año, entre otros accionistas, por familiares del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Hemos advertido en múltiples ocasiones sobre los problemas que le vemos a la reforma energética. Hemos cuestionado la decisión de licitar nuestros campos petroleros en un escenario de bajos precios. Hemos criticado el modelo contractual utilizado, en el que se destina hasta 60 por ciento del valor de la producción al rembolso de costos al contratista, costos de imposible supervisión y que por lo mismo vendrán inflados. Hemos advertido del peligro de privatizar el petróleo sin reguladores fuertes (no hay un solo funcionario en la CNH que en su vida haya calculado reservas petroleras), y ante un marco jurídico y político no sólo susceptible a, sino cooptado por la corrupción. Los resultados de la primera licitación no son otra cosa que la confirmación de todos mis miedos.
Para entender la envergadura del fracaso y la magnitud del peligro de la política que está implementando el gobierno (recientemente calificada, con acierto, por el ingeniero Cárdenas, como un crimen de lesa patria), es necesario entender cuál era exactamente la variable a licitar. Esta variable está siendo mañosamente ofuscada por los funcionarios públicos, como el presidente de la CNH, quien argumenta que el 63.67 por ciento con el que se adjudicó el bloque 7 es muy bueno, y sobre todo si se le suman el ISR que pagará el contratista (como si las petroleras no tuvieran estrategias fiscales para evitarlo) y otras cuotas contractuales, que la llevarán a más de 80 por ciento, pero no nos dice sobre qué recae ese porcentaje.
La variable a licitar (y los mínimos exigidos por la SHCP) no son sobre el valor de la producción, sino sobre la utilidad operativa, esto es, lo que quede después del rembolso de costos, que conforme al contrato licitado puede llegar (y llegará) a 60 por ciento del valor de la producción. En nueve de los bloques el mínimo era 40 por ciento y en cinco de los bloques 25 por ciento. Esto quiere decir que en nueve bloques la SHCP se conformaba con que por cada barril extraído le correspondiera a la nación 16 por ciento del valor de ese barril (esto es, 40 por ciento del 40 por ciento restante después de la recuperación de costos) y en cinco bloques se conformaba con 10 por ciento (estos es, 25 por ciento del 40 por ciento restante después de la recuperación de costos). Si asumimos las condiciones actuales del mercado e imaginamos el precio del barril a 50 dólares, esto quiere decir que la SHCP se hubiera conformado con recibir 8 dólares por cada barril de petróleo en nueve bloques (dejándole al contratista 42 dólares) y 5 dólares en cinco bloques (dejándole al contratista 45 dólares). Este remate de los recursos de la nación no le debe ser permitido al gobierno. ¡Y todavía las petroleras –y algunos analistas comprados o confundidos– opinan que para las siguientes licitaciones hay que bajar los mínimos, como si se tratara de colocar los bloques, aunque haya que regalarlos!
Lo absurdo de lo anterior se hace patente si se considera que el costo de extracción de Pemex en sus operaciones aledañas a los bloques licitados es de alrededor de 17 dólares. Incluso los funcionarios de las secretarías de Energía y Hacienda hablaron de un costo de extracción en estos campos por debajo de los 20 dólares. Entonces, si Pemex puede extraer el crudo por 17 dólares dejándole 33 dólares a la nación (imaginando un barril de 50 dólares), ¿por qué están tratando de regalarles estos bloques a las empresas privadas por contraprestaciones de 8 y 5 dólares el barril? El costo de extracción de Pemex debería constituir el máximo a pagar a los contratistas privados. Ahora resulta más evidente por qué a Pemex le fue prohibido participar en la licitación, sin que el tema siquiera se hubiese discutido en su consejo de administración. Ni las petroleras privadas ni los funcionarios encargados del proceso quieren hacer a aquéllas competir contra el costo de extracción de Pemex. Lo de las petroleras resulta entendible; lo de los funcionarios, no.
Algunos analistas reconocieron el fracaso que representan las ofertas obtenidas, pero aplaudieron la transparencia
con la que se llevó el proceso. En esto también disiento. No puedo considerar transparente un proceso en el que sólo se adjudican dos contratos, a una empresa afiliada a un ex presidente, que en un bloque le gana por una nariz a una petrolera líder como Statoil. Esto, en un cálculo con tantas variables y un horizonte tan a largo plazo que la cercanía de los números resulta en una coincidencia casi increíble y en un país en donde la intervención de líneas telefónicas y el espionaje son prácticas gubernamentales cotidianas. Ciertas notas periodísticas señalan que la empresa a través de la cual los familiares del ex presidente invirtieron en el licitante ganador fue recientemente vendida al fondo BlackRock por una importante cantidad de dinero. Se debe investigar si dicha venta fue realizada a valores de mercado, conforme a los activos con los que ya contaba la empresa, o si hay un sobreprecio que pudiera sugerir un compromiso gubernamental de adjudicarle los bloques.
Pero más allá del caso del licitante ganador y su nexo con políticos del régimen, que deben ser exhaustivamente investigados, el proceso también adoleció de defectos formales. Un proceso no resulta transparente sólo porque se transmite por Internet y televisión. La variable a licitar que analizamos arriba nunca le fue explicada al auditorio y no tenemos la menor idea de cómo calculó sus valores mínimos la SHCP. Adicionalmente, el proceso se llevó a cabo ante funcionarios públicos y un notario, sin que hubiese ninguna representación ciudadana. Inexplicablemente, el proceso se partió en dos. En la primera parte se licitaron siete boques, en donde el mínimo requerido por la SHCP fue en todos de 40 por ciento. Después hubo un medio tiempo
ajeno a toda transparencia, en el que los que seguíamos el proceso por Internet fuimos llevados a una sala de prensa, perdimos de vista las urnas con las posturas y, al reanudarse la segunda parte, cinco de los bloques restantes tenían un mínimo de 25 por ciento. ¿Existe alguna razón técnica que explique esta diferencia? ¿O ante la falta de interés de los licitantes, los funcionarios, cual entrenadores de futbol, decidieron modificar el planteamiento para el segundo tiempo?
En fin, de este ejercicio se pueden sacar importantes lecciones. El peligro ahora es que ante este fracaso, la reacción del gobierno sea la de seguir con obstinación por este errado camino y bajar aún más los mínimos para colocar los bloques, aunque haya que regalarlos. No lo debemos permitir. Lo que está en juego es nada menos que el futuro de una patria a la que el Niño Dios le escrituró un establo, y los veneros del petróleo… ¡el diablo!
