Brasilia.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció este viernes su ruptura con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, lo cual aumenta la presión sobre la mandataria, quien ha sido blanco de hostilidades que se han traducido en derrotas contundentes en el legislativo.

Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del Partido del Trabajo (PT) en la coalición de gobierno, acusó a la administración de Rousseff y al procurador general de la República, Rodrigo Janot, de conspirar para incriminarlo en el escándalo por prácticas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. También llamó a su formación a romper la alianza de gobierno que forma con el gobernante PT, de Rousseff.

No puedo aceptar que el gobierno use su maquinaria para la persecución política de quienes se vuelven en su contra, sostuvo el legislador ante medios de información en Brasilia.

La disputa entre Cunha y Rousseff no significa necesariamente que el PMDB salga de la coalición de gobierno, pero el congresista afirmó que pedirá el término de la alianza durante el congreso de su partido.

Las denuncias

El anuncio del legislador ocurre un día después de que uno de los implicados en el escándalo de corrupción en Petrobras dijera que pagó sobornos para conseguir contratos con la estatal. El consultor de la constructora Camargo Correa, Julio Camargo, quien está preso y colabora con las investigaciones, aseguró haber entregado 5 millones de dólares a Cunha para que la empresa firmara un convenio vinculado con buques de perforación.

Al conocer el tenor de la declaración, Cunha acusó al fiscal general de haber presionado a Camargo para acusarlo y calificó de mentiroso al empresario. Según el presidente de los diputados, existe un complot entre Janot y el gobierno de Rousseff para perjudicarlo.

Cunha sostiene que el procurador general amenazó a Camargo con cancelar el acuerdo de delación premiada que firmó para obtener beneficios en la pena si no hacía la acusación en su contra.

Así, se consideró blanco de una operación faraónica para sacarlo de su cargo, incómodo para la administración de Rousseff. No quiero ser parte de ese lodo ni voy a ser intimidado para que mis posiciones sean favorables al gobierno.

Cunha criticó que otro acusado que colabora con la justicia a cambio de una reducción de su condena, el cambista Alberto Youssef, involucró a Rousseff y a su antecesor y padrino político Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) en la causa y nadie abrió una investigación en su contra.

De hecho, el Ministerio Público Federal en Brasilia anunció la víspera que abrió una investigación contra Lula por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a la gigante de la construcción Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción de Petrobras.

En esta trama, ex ejecutivos, empresarios y políticos se habrían coludido para amañar licitaciones mediante sobornos, que engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos, incluido el PMDB de Cunha y el PT de Rousseff y Lula, que le habría costado a la estatal unos 2 mil millones de dólares, de acuerdo con el balance de la propia empresa.

En cuanto a la mandataria, el legislador anunció el jueves que está evaluando los argumentos legales para realizar un juicio político a Rousseff por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.

Algunos legisladores de oposición han pedido que se realice un proceso contra la mandataria, pero Cunha, en su rol de presidente de la cámara baja, tiene la responsabilidad de decidir si se inicia.

Adelantó que dispondrá la instalación de dos comisiones parlamentarias de investigación contrarias a los intereses de la presidencia: una relativa a presuntas irregularidades en los fondos de pensión, y otra a eventuales desvíos en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Si Rousseff y el gobierno me quieren como enemigo, lo consiguieron. No habrá más tregua. No seré intimidado, sentenció el legislador, en declaraciones que recoge la revista semanal Época.

El vínculo entre Cunha y el gobierno comenzó a deteriorarse en marzo, cuando el nombre del congresista apareció en una lista, junto con decenas de otros legisladores, por acusaciones de haber recibido sobornos originados en los fondos desviados en contratos de Petrobras.

El lunes anterior la policía federal requisó las residencias, oficinas y empresas de tres senadores y un diputado oficialistas. Los aliados, entre ellos Cunha y el presidente del Senado, Renan Calheiros –correligionario suyo en el PMDB–, acusan al gobierno de no evitar que la policía exponga a los políticos investigados con ese tipo de operativos mediáticos.

Durante un encuentro con sus homólogos de la región del bloque comercial Mercosur que se realiza en esta capital, Rousseff declaró que no hay espacio para aventuras antidemocráticas en Sudamérica, en relación con el análisis que realiza el jefe de la cámara baja para realizar un juicio político contra la mandataria y tras la ruptura de relaciones de Eduardo Cunha con la administración federal.

Pese a las críticas contra el gobierno, el presidente de los diputados, a quien se considera aspirante presidencial para las elecciones de 2018, manifestó que su nueva posición no supondrá el fin de la gobernabilidad de Brasil. El hecho de que yo rompa con el gobierno no afectará la relección institucional, aseguró.

El PMDB fue cauteloso y señaló que la manifestación de Cunha es una expresión de carácter personal. Aclaró que cualquier decisión partidaria será tomada después de consultar las instancias decisorias del partido.

Desde la presidencia se destacó el papel importante que viene cumpliendo el PMDB en los 12 años del PT en el poder.

Además de tener la jefatura de las dos cámaras del Congreso, representantes del PMDB ocupan altos cargos en el Ejecutivo, incluida la vicepresidencia y seis ministerios.