San Quintín, BC

Reflejo de la ignominia
y los reclamos de justicia

FOTO: Sara María Lara Flores

Guillermo Castillo Ramírez

Un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día […], en promedio la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas [por semana] para los hombres y 65 para las mujeres.
Red de Jornaleros Internos de México, La Jornada, 27 de marzo.

[…] del 2007 a marzo de 2015 [El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan] ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas, debido a accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición, partos prematuros y falta de atención médica. El trabajo infantil es endémico […]
Red de Jornaleros Internos de México, La Jornada, 27 de marzo.

Los involucrados, historias de vejaciones sistemáticas. San Quintín es una muestra fehaciente y vigente de los procesos que componen un sistema de explotación laboral contemporáneo: a) empresarios indolentes e indiferentes que someten a los trabajadores agrícolas a condiciones de trabajo abusivas e ilegales con el fin de incrementar sus ganancias; b) instituciones estatales que no garantizan que se cumplan los derechos laborales, y c) y trabajadores empobrecidos que son explotados, pero que también se organizan y resisten, mostrando su capacidad de acción al luchar por las demandas de un trabajo digno y bien remunerado.

En este tenor, diversas organizaciones de trabajadores agrícolas de México y Estados Unidos han señalado en semanas recientes que lo que acontece en San Quintín es sólo reflejo de una realidad presente en por lo menos 18 estados de México donde hay trabajadores agrícolas y donde prevalece en mayor o menor medida la ausencia de los derechos laborales y de condiciones de trabajo seguras y justas –panorama que puede ser tipificado como formas de esclavitud contemporáneas- afectando a millones de personas.

Los ranchos de San Quintín: entre la ilegalidad y la ausencia de justicia. En este contexto de un abuso laboral estructural y sostenido por décadas, es ilegal y políticamente cuestionable que la gran mayoría de los dueños de los ranchos del Valle se aprovechen de manera dolosa de la pobreza y necesidad de trabajo de los jornaleros para imponerles condiciones laborales tan precarias y desfavorables; también es muy poco ético e injusto que las desmedidas fortunas de ese puñado de empresarios se finquen en la descarada explotación de decenas de miles de jornaleros.

Las carencias y miseria atroz de estos grupos desposeídos son la cara oculta y la consecuencia de la acumulación desproporcionada de la riqueza de una minoría rapaz. Tanto por su ambiguo e indiferente papel en las negociaciones con el gobierno y los jornaleros, como por su tajante negativa a incrementar el salario de los jornaleros a 200 pesos por día, los empresarios han demostrado su ambición económica desmedida y una avaricia atroz. En términos generales, los empresarios han mostrado que no les interesan las condiciones de vida y laborales de los jornaleros; los ven como mano de obra barata, desechable y prescindible, como medios para generar y acrecentar sus ganancias.

Por otra parte y en lo que respecta al papel del Estado como ordenador y regulador de la vida social, es igualmente injusto y raya en la impunidad y la negligencia que el gobierno, en sus diversos niveles –municipal, estatal y federal- haya permitido y permita la reproducción de este sistema de explotación laboral y abuso hacia los jornaleros del Valle de San Quintín, donde las jornadas laborales no reúnen las condiciones de higiene y seguridad mínimas y pueden alcanzar hasta 15 horas por día, con magros sueldos que nunca llegan a los 150 pesos, sin contrato laboral ni acceso al Seguro Social, además de que tampoco se respete el día de descanso obligatorio. La ausencia del ejercicio de la ley por parte del Estado no sólo remite al ámbito laboral; también abarca y comprende las condiciones de vida de estos trabajadores agrícolas: la carencia de seguridad social, de servicios médicos, de viviendas dignas.

FOTO: Sara María Lara Flores

En este marco, los gobiernos –principalmente estatales- han sido incapaces de ejercer y hacer respetar la ley. El Estado, de facto y omitiendo el cumplimiento del marco jurídico constitucional, ha favorecido y privilegia a las élites económicas y políticas de San Quintín. Por lo que respecta a las instituciones oficiales, los jornaleros han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, cuyos derechos han sido claramente escamoteados e incluso postergados de manera indefinida. El abuso laboral ha sido posible por las complejas y ambiguas relaciones de negligencia, complicidad y beneficio entre ciertas instituciones estatales y los empresarios agrícolas.

Los logros de los jornaleros, organización social, movilización y visibilidad. No obstante, los jornaleros han demostrado que pueden organizarse y actuar para contrarrestar las vejaciones. Han hecho visible su situación laboral y de vida por medio de la difusión de sus demandas en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Sus testimonios y reclamos han estado presentes en las semanas recientes en la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales.

Pese a las dificultades y los embates de que han sido objeto, los jornaleros y sus representantes han creado, mantenido y expandido un proceso organizativo propio y original, demarcándose de los sindicatos oficialistas (que, en los hechos, sólo habían sido cómplices de la explotación patronal). Dicho proceso organizativo ha hecho posible que llevaran a cabo movilizaciones sociales de diversa índole y magnitud (manifestaciones, actos de protesta, marchas, toma y cierres de carreteras, caravanas informativas, encuentros con autoridades estatales y federales). No menos importante ha sido su política de alianzas y vínculos con otros gremios y organizaciones laborales y sociopolíticas en México y el extranjero (principalmente en Estados Unidos), así como con sindicatos no oficialistas de variado cuño. El eje de la convergencia han sido sus reclamos de mejores condiciones de trabajo y de respeto irrestricto a sus derechos laborales.

Finalmente, todo esto ha hecho que sean capaces de sostener, encauzar y dirigir un arduo y sinuoso proceso de negociación con el Estado y el sector patronal. En los hechos y mediante diversas medidas, hicieron oír sus demandas y sentar en la mesa de negociación al gobierno estatal y posteriormente al federal.

San Quintín, BC

Entre la explotación laboral
y la lucha por lo justo

Abbdel Camargo Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim)

Sólo queremos un pago justo por nuestro trabajo,
por eso este movimiento también es de dignidad
Jornalero de San Quintín

Las movilizaciones de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín se han registrado desde los años 80’s, y han surgido en respuesta a las precarias condiciones de trabajo, los bajos salarios, la ausencia de seguridad social y a los entornos de vida marginales prevalecientes en estos sitios de trabajo.

El pasado 17 de marzo, poco más de 70 mil jornaleros de esa región agroexportadora pusieron nuevamente sobre la luz las pésimas condiciones de trabajo que padecen los jornaleros en México. Con el cierre de la carretera transpeninsular y una huelga laboral, los cientos de jornaleros, en su mayoría indígenas, demandaron un aumento salarial para alcanzar 300 pesos por día; la revocación del contrato colectivo firmado con los sindicatos existentes; la inclusión de los trabajadores al Seguro Social; el derecho al pago de aguinaldo, días festivos y vacaciones, y el cese al acoso que reciben las mujeres por parte del cuerpo de empleadores (mayordomos, camperos y capataces) en los campos de trabajo.

Estas movilizaciones no surgen de manera espontánea, ni irrumpen de forma desordenada, sino que son producto de la enorme capacidad de organización de esta masa trabajadora que se identifica como residentes de este complejo agrícola y que se aglutina en una organización de base: la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la justicia Social.

Meses atrás, a finales de 2014, los jornaleros del Valle ya habían expuesto por escrito sus demandas ante las autoridades correspondientes; sin embargo, ante la persistente omisión, decidieron estallar la huelga. Las cuantiosas pérdidas que suponía dejar de cosechar el producto perecedero orillaron a la parte patronal a entablar una mesa de negociación en la que sólo cedieron al aumento de 15 por ciento en el salario real de los trabajadores. A partir de ese momento, el diálogo fue roto y los trabajadores iniciaron una movilización más amplia que buscó la intermediación de la autoridad estatal para mediar el conflicto.

Luego de gestiones y encuentros infructuosos con las autoridades locales, la Alianza de Organizaciones se trasladó a la Ciudad de México, donde tuvo reuniones con miembros de las dos Cámaras legislativas, con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con el subsecretario de Gobernación. Con este último, se acordó que el 8 de mayo las negociaciones regresarían a San Quintín con alguna respuesta a la agenda de demandas expuesta. La mañana de ese día, más de cuatro mil jornaleros se movilizaron en espera de los avances que daría el funcionario federal, pero de último momento éste canceló la reunión, aludiendo que no tenía como transportarse a la zona. Líderes de la Alianza y trabajadores reunidos en el centro de gobierno de la localidad tomaron la noticia como un desaire del funcionario, sin embargo, se llamó a continuar la movilización en términos de paz.

Un día después, el sábado 9 de mayo, cuerpos de seguridad estatal y municipal entraron a las colonias de trabajadores, en atención a una denuncia hecha por parte del dueño de una empresa productora en el sentido de que un grupo de jornaleros amenazaban con incendiar parte de sus instalaciones. La represión fue en contra de los trabajadores y sus familias, no sólo en la calle, también en el interior de sus domicilios. El saldo fue la detención de 15 personas, 70 trabajadores heridos (seis de gravedad) y una multa fijada a los detenidos de más de siete millones de pesos. Había órdenes de aprehensión en contra de líderes de la Alianza, por lo que el clima de tensión en la zona continuó creciendo.

A pesar de estas circunstancias, la Alianza de Organizaciones logró una amplia respuesta por parte de diversos sectores, tanto en el país como en el extranjero, con quienes se comenzó a plantear la posibilidad de realizar un boicoteo internacional a los productos procedentes del Valle. Finalmente, previo a las elecciones federales del 7 de junio, el liderazgo de la Alianza pudo retomar las negociaciones, logrando algunos acuerdos importantes, como el pago de entre 150 y 180 pesos por día, a partir de una tipificación por tamaño de las empresas, la inscripción de todos los trabajadores al Seguro Social, el pago de aguinaldos y la inversión federal y estatal en programas sociales en la zona.

A la fecha, los líderes de la Alianza han señalado que ninguno de estos compromisos se ha cumplido, por lo que esta lucha digna, por medio de la posibilidad del boicoteo de los productos en Estados Unidos, así como la propuesta de conformar un sindicato independiente de jornaleros a escala nacional mantiene vivo el espíritu de resistencia de los jornaleros indígenas de San Quintín.

San Quintín, BC Resurgimiento de movilizaciones laborales Christian Zlolniski* y Laura Velasco** *Center for Mexican American Studies, University of Texas at Arlington **El Colegio de la Frontera Norte FOTO: Julieta Martínez Desde hace tiempo que las movilizaciones laborales en el Valle de San Quintín no ocupaban espacio en los medios de comunicación; las ocasiones previas se remontan a fines de los 80’s, cuando trabajadores quemaron el empaque de ABC protestando por la falta de salarios y hubo conflictos laborales en otras empresas. Después de eso el Valle de San Quintín entró en una etapa de aparente menor conflictividad, lo cual no se debió a la mejora de condiciones y salarios en el empleo hortícola, sino a que los trabajadores y sus familias dirigieron sus energías al asentamiento. La década de los 90’s fue de crecimiento de colonias de trabajadores que salieron de los campamentos en búsqueda de un terreno y casa propia para asentarse con sus familias. En la misma década la industria hortícola de exportación se restructuraba tecnológica y económicamente para hacer frente a los requisitos de exportación de productos hortícolas al vecino país del norte. Las grandes empresas invirtieron importantes sumas en modernizar su aparato productivo y en nuevas tecnologías de producción que permitieron incrementar la productividad y convertir a la región en uno de los enclaves agro-exportadores más redituables del país. Con una oferta de trabajo más estable a lo largo del año debido a la diversificación de productos hortícolas y la tecnificación de los cultivos, gran parte de los jornaleros agrícolas que antaño migraban desde sus comunidades de origen en el sur de México pudieron quedarse a vivir en la región. Surgieron así movilizaciones sociales en numerosas colonias para demandar que el gobierno las equipara con escuelas, agua y electricidad, y regularizara los terrenos donde se fueron asentando. Una confluencia de factores explica el resurgimiento de la movilización laboral en San Quintín. En primer lugar está la falta de equidad en el reparto de beneficios económicos de la producción hortícola en la región. La restructuración tecnológica de los 15 años recientes ha traído un aumento vertiginoso de la productividad económica para las grandes empresas, pero los frutos de esa bonanza apenas han fluido a los trabajadores. Los sueldos se han incrementado ligeramente en la década reciente, mientras que los costes de vida se han elevado con desproporción, sobre todo en la frontera mexicana por el aumento del impuesto al consumo. Un aspecto fundamental en las actuales negociaciones entre los representantes de los movilizados (Alianza de Organizaciones Municipal, Estatal y Nacional por la Justicia Social) y los representantes de gobierno es el salario base. Dado que el salario del trabajador no es estable a lo largo del año, las familias pasan largas temporadas con ingresos insuficientes para sus necesidades básicas. Con el “salario integrado”, los trabajadores no tienen posibilidades de ahorro vía prestaciones como la prima vacacional o el aguinaldo, además del “abultamiento” del salario base al sumársele diariamente las prestaciones de ley. Adicionalmente, las nuevas tecnologías y la intensificación de la producción también han llevado a una mayor explotación laboral con el dominio del trabajo a destajo. Existe un excesivo desgaste que acorta la vida laboral y física de los trabajadores, que a los 40 o 50 años difícilmente pueden mantener el ritmo de trabajo exigido y son sustituidos por trabajadores más jóvenes. Así los temas de la salud y la jubilación resultan cada vez más urgentes. Un segundo factor es la falta de equidad política que históricamente ha prevalecido en la región. Mientras que el gobierno de Baja California reconoce y negocia con las asociaciones de productores, los trabajadores no cuentan con sindicatos que representen debidamente sus intereses y demandas laborales. Los sindicatos existentes, como la CTM, CROC y CROM, son de protección, por lo que velan más por los intereses de los empresarios que de los trabajadores. A este panorama se suma la desigualdad social y la falta de atención a las necesidades de la población por parte de los tres niveles de gobierno. El asentamiento residencial conllevó un crecimiento demográfico de grandes proporciones con una diversidad étnica sobresaliente en las décadas recientes. A la insuficiencia de hospitales, escuelas y guarderías, se agregan las relaciones de discriminación en que viven los trabajadores y sus familias, a quienes se les estigmatiza por su color de piel y sus costumbres y se les califica de “migrantes temporales”. Existe una enorme desigualdad en la dotación de agua entre colonos y empresarios. Mientras las empresas tienen asegurado el abasto con apoyo del gobierno, las colonias de trabajadores viven un racionamiento excesivo. La tradicional postura del gobierno mexicano sobre San Quintín, de que la creación de puestos de trabajo por parte de grandes compañías hortícolas conducirá al desarrollo regional redituando frutos para toda la población, es ya insostenible. Se requiere urgentemente políticas públicas que enfrenten las grandes desigualdades que todavía imperan en esta joven región.

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