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Estados Unidos ¡Leche justa a mí me gusta! Aaron Lackowski Posgrado en estudios Latinoamericanos-UNAM
El 20 de junio se celebró el primer paso a una victoria histórica para los trabajadores migrantes en Estados Unidos. La noche anterior, la compañía de helados Ben & Jerry’s, marca que pertenece a la multinacional Unilever, acordó negociar un acuerdo laboral con los líderes de base de la organización Justicia Migrante. El acuerdo, que abarcaría diversos derechos laborales además de proveer bonos para granjeros y trabajadores, tendría vigencia en las granjas donde la empresa compra leche. Se había planeado una protesta en 17 ciudades a lo largo del país, pero con la noticia de que Ben & Jerry’s acabó de ceder ante la presión del movimiento, el día se convirtió en una demostración de la solidaridad y convicción que posibilitaron este paso histórico en la industria lechera. Jessica Ramírez, miembro del comité coordinador de Justicia Migrante, manifestó: “Somos un equipo fuerte. ¡Hemos visto que tenemos mucho poder! Organizándonos y definiendo lo que queremos, logramos este gran paso adelante como trabajadores”. La mayoría de las granjas implicadas se ubican en el estado de Vermont, que comparte una frontera con Canadá. La región tiene una historia de producción de leche en operaciones pequeñas –las llamadas family farms- pero a partir de los años 90’s la caída de los precios de la leche motivó a muchos productores a buscar una fuerza laboral más flexible. Así fue que la región fronteriza del noreste se abrió a trabajadores migrantes, principalmente de México y Guatemala. Ya que el trabajo en lecherías no es temporal, queda excluido de los programas de visado agrícola. ¿La consecuencia? Una industria cuyos trabajadores extranjeros se ven obligados a trabajar sin papeles migratorios, normalmente entre 60 y 80 horas por semana y a veces sin un solo día de descanso en todo el año. En la frontera norte de Estados Unidos, igual que en la frontera sur, la patrulla fronteriza discrimina a trabajadores agrícolas latinos para alcanzar cuotas de detenciones. Una visita al supermercado o a la clínica puede conllevar la deportación. No son pocos los miembros de Justicia Migrante que han sido detenidos en la labor de organizar a su comunidad. Además, el trabajo en las granjas lecheras es peligroso. En 2009, José Obeth Santiz Cruz, un joven de 20 años originario de Chiapas, fue estrangulado por una máquina que quita los desechos de la granja. Su muerte encendió la organización de un movimiento social que sigue el liderazgo de un comité coordinador compuesto por trabajadores migrantes. Ese movimiento ya cuenta con logros impresionantes. Encabezó la campaña por una ley estatal que prohíbe la discriminación policial respecto al estatus migratorio; ganó miles de dólares en salarios impagos; impulsó la aprobación de una ley que permite a los residentes de Vermont sacar una licencia de manejo sin importar su estatus migratorio, y ha liberado, mediante campañas públicas, a compañeros detenidos. La actual campaña exige “leche con dignidad”. Basándose en el modelo innovador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, la base de Justicia Migrante exigió -y Ben & Jerry’s acordó- negociar cinco puntos esenciales:
Ben & Jerry’s se construyó sobre un modelo de responsabilidad social. Sin embargo, desde que fue vendida en 2000 a Unilever –que en México podemos asociar con la marca Holanda- es más difícil distinguir entre los compromisos sociales de la empresa y su mercadotecnia. Como los trabajadores lecheros señalaron en sus primeras reuniones, la empresa vende sus helados con imágenes de granjeros y vacas felices, mientras que los trabajadores migrantes quedan invisibles. Al principio, la empresa se rehusó a negociar. Sólo con la presión de un movimiento y la amenaza de una campaña pública, fue que la empresa cedió para proteger su imagen muy cultivada de responsabilidad social. Norman Moreno, trabajador lechero que participó en la primera reunión en 2011, ubica esta campaña en un contexto más amplio: “Hemos conseguido licencias de manejo. Hemos luchado para que la policía no actúe como migración. Y ahora estamos luchando contra las corporaciones más grandes como Ben and Jerry’s que compran la leche para hacer helados y venderlos en casi todo el mundo. Nosotros sabemos que ellos se benefician de todo el trabajo duro que hace la mano migrante aquí”. Justicia Migrante quiere asegurar que Ben & Jerry’s cumple con la buena voluntad que por fin ha mostrado, y posteriormente quiere llevar el modelo de la leche con dignidad a toda la industria lechera de la región. No será fácil reestructurar la industria para el beneficio de todos, pero los trabajadores migrantes de Vermont ya están construyendo el camino. Para conocer más e involucrarse Canadá Trabajadoras agrícolas mexicanas Ofelia Becerril Quintana Académica de El Colegio de Michoacán
Han transcurrido más de dos décadas desde que las primeras jornaleras agrícolas de México empezaron a ser contratadas en Canadá en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). Aunque hoy las mujeres representan apenas 3.7 por ciento del total de trabajadores agrícolas del Programa (19 mil 829), el número de trabajadoras aumentó de 37 en 1989 a 741 en 2014. Ellas son originarias principalmente del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Se emplean en Ontario, Columbia Británica, Alberta, Quebec, Saskatchewan y Nueva Escocia. A pesar de que las migrantes son empleadas en una variedad de procesos productivos de alimentos, tienen largas trayectorias laborales y cumplen contratos de trabajo por varios años con un mismo empleador, no ha habido cambios en sus precarias condiciones de trabajo ni en su situación de vulnerabilidad. El incumplimiento del contrato de trabajo y la poca atención a la salud. Cuentan las mujeres que su trabajo por varios años en Canadá les ha ocasionado problemas en su salud física y emocional: “Soy madre soltera, tengo 16 años trabajando en Canadá. Yo me amolé en la fresa. Me mandaron cuatro años en la fresa. El trabajo es de andar de rodillas, agachada. En México hace un año me operaron de una rodilla y pensé que no me recuperaba pero véame ya estoy trabajando”. Después de 40 años del PTAT prevalecen inadecuadas condiciones de vivienda. Las trabajadoras agrícolas con hijos, jefas de familia y sin vínculo conyugal representan el 85 por ciento de todas las trabajadoras. La comunicación a distancia con sus hijos que se quedan en México mientras ellas trabajan en Canadá es algo que les preocupa pero no siempre tienen condiciones adecuadas para hacerlo. “En una farma de Ontario, nos quedaba muy lejos el teléfono, eran las 11 de las noche y llegábamos de trabajar [desde las seis de la mañana], a esas horas yo iba a hablar por teléfono con mis hijos. Nosotros vivimos en un sótano, la mayoría dormían arriba y cuatro dormíamos abajo. ¿Se imagina estar comiendo y todo lo del caño ahí?, horrible, una peste. Para calentarnos, que hacía mucho frío en noviembre, no había calefacción. Luego nos tuvo un mes sin trabajar. Han sido las lágrimas más amargas que yo he tirado, no tenía yo para darles a mis hijos y tampoco yo tenía para comer”. Reclamando sus derechos laborales y humanos. Otras trabajadoras han reclamado sus derechos y solicitado cambio de empleador: “Al principio, yo trabajaba de ocho de la noche a ocho de la mañana. Me llegaba a dar diez minutos para comer. El año pasado el patrón ya se pasó, me gritaba mucho. Me quemé mis pies, porque ahí se envasa a 200 grados, se me cayó el tomate hirviendo, me corté las manos. Yo dije ya no quiero más con este patrón. Una cosa es que nos den trabajo y otra es que se pasen. Saben que nosotros no sabemos inglés, no podemos traducir lo que nos duele. Nos descuentan demasiado, tenemos derecho de que nos atiendan bien cuando nos enfermamos. Hay doctores que también son racistas”. Madres y jefas de familia sin pareja. La migración de madres trabajadoras ha originado múltiples y profundos cambios en las dinámicas de sus familias. Las responsabilidades sobre otras mujeres que se quedan a cargo de los hijos y los costos emocionales para las mujeres migrantes han sido algunas de las implicaciones. “Yo soy dejada, tengo un hijo. Hace nueve años que yo salí a trabajar a Canadá, mi hijo tenía tres años. Él apenas empezaba a caminar. Es un poco difícil para la mamá pues lo deja uno estando chiquito. Mi cuñada tenía sus hijos y no es lo mismo, sí se hace responsable, pero no es el mismo cariño de la mamá. Yo me vine, con el corazón en la mano porque es difícil dejarlo. Ahora mi hijo ya está grande pero es difícil porque sufren los hijos y también una como madre”. El acoso sexual hacia las mujeres mexicanas en Canadá. Es común el acoso sexual que sufren las mujeres migrantes dentro de las granjas. “La peor de mis experiencias fue en Kingsville [Ontario]. Ese señor nos trataba muy mal porque de prostitutas no nos bajaba. A una de las compañeras vio que le salieron fuegos y el patrón decía ´anoche fue a mamar´ Un patrón debe tener respeto para las personas, no porque somos mujeres nos tienen que humillar”. También es cotidiano el acoso sexual de parte de los trabajadores mexicanos. “En la farma en que estaba antes duré cinco temporadas, yo sufrí muchísimo porque éramos sólo tres mujeres y había nueve hombres que nos hicieron la vida imposible. Hay hombres que se quieren pasar de listos y hasta la quieren a una violar, la humillan, nada más por ser mujer. Éramos tres y a las tres nos hostigaban todo el tiempo”. Frente a la acusación de malas madres que abandonan a sus hijos y de prostitutas durante el sermón de un sacerdote de la iglesia católica de St. Michael, de Leamington en Ontario, la respuesta de las trabajadoras ha sido la inasistencia a la Iglesia. Dos décadas no han sido suficientes para que la contribución de estas trabajadoras agrícolas a las economías locales de Canadá donde ellas laboran y a las economías de sus familias de origen pudiera ser considerada tanto por las autoridades canadienses como por las mexicanas, a fin de garantizar un trato digno y humanitario, así como mejores condiciones laborales y de vida.
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