o existen precedentes en la historia del país, que un concepto hueco y confuso como el de la calidad educativa se haya convertido en bandera y proyecto de un gobierno de la República, inscrito en el texto constitucional y elevado al rango de principio educativo fundamental, al lado de la laicidad, gratuidad y carácter público de la educación. Estos surgieron como resultado de intensos debates políticos entre corrientes de pensamiento durante el siglo XIX, que aspiraban a remontar la educación confesional para liberarla de los dogmas religiosos impuestos mediante el control eclesiástico. En tanto, la educación pública y la gratuidad fueron planteamientos formulados por distintas tendencias en el transcurso de la lucha revolucionaria, como se hizo en el programa de 1906 y luego recuperados y ampliados en la Constitución de 1917. Expresan la conquista de derechos sociales a partir de luchas desplegadas por el pueblo mexicano. En cambio, llevar la calidad educativa a nivel constitucional ha constituido una aberración sin sustento social y una alteración histórica regresiva, simplemente sancionada mediante un golpe de Estado legislativo, impulsado por el Poder Ejecutivo y los consorcios empresariales monopólicos: un zarpazo de los conservadores neoliberales.

En el contexto de la renovadas movilizaciones magisteriales por la abrogación de la reforma educativa y en oposición al tipo de evaluaciones que se pretenden imponer en contra de los docentes, se han intensificado las agresiones políticas y mediáticas hacia los maestros, que no aceptan someterse al proyecto educativo que los ha despojado de derechos laborales, y convertido el nuevo esquema de evaluaciones en instrumento de coerción, control, exclusión o para desplazarlos, incluso, del trabajo docente. Se enfrentan a una nueva fase en la concreción de la reforma educativa, en la que las evaluaciones son utilizadas como uno de los mecanismos para amedrentar y diluir la resistencia magisterial a la reforma; ese fue desde un inicio el objetivo de las evaluaciones proyectadas y no el de la pretendida evaluación de la calidad educativa.

Con la intención de frenar la movilización del magisterio, en reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas con Emilio Chuayffet, se resolvió integrar un frente común para aglutinar los tres órdenes de gobierno, autoridades educativas de los estados, la sociedad en su conjunto, maestros y padres de familia para garantizar la realización de las evaluaciones a celebrarse en próximas fechas y comprometerse en la aplicación de las sanciones correspondientes a los profesores que incumplan con las normas aprobadas por la reforma. El proyecto frentista no obtuvo el eco esperado, ni logró aglutinar a los actores sociales convocados. Por lo que la promoción y apoyo se buscaría en otras instancias estatales y organismos privados.

Apenas unos días después, la Secretaría de Educación Pública (SEP) celebró un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde el secretario de Educación se congratuló de que esa organización hubiera sumado esfuerzos con el gobierno federal para llevar a cabo la reforma, y de este modo seguir estimulando que los alumnos de las escuelas públicas estén mejor preparados. Es posible que Chuayffett ahora considere a la Coparmex como una de las nuevas alternativas para el fomento de su calidad educativa.

Siguiendo con la jornada de promoción y respaldo a la reforma, en el contexto de otro convenio celebrado entre la SEP y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos manifestó el respaldo del Ejército Mexicano a la reforma educativa, precisamente al mismo tiempo que las multitudinarias movilizaciones magisteriales cuestionaban la reforma y sus evaluaciones. El militar señaló que constituía la primera y más importante de todas las reformas emprendidas por el gobierno y por ello el ejército la apoya. Además, en el convenio se anunció que, siguiendo instrucciones presidenciales, la Sedena emprendería la creación de escuelas de educación media superior militarizadas en todas las entidades del país. Creo que el general Cienfuegos, además de preocuparse por la reforma y la educación pública, debería cumplir primeramente con pendientes graves y urgentes de la secretaría a su cargo: proporcionar y aclarar plenamente las informaciones solicitadas por familiares e instancias de derechos humanos sobre la participación del Ejército en las masacres de Iguala y Tlatalaya.

En tanto, durante la celebración de la reunión del Consejo Mexicano de Negocios, del que forman parte los empresarios más poderosos y acaudalados del país, a la que asistió Peña Nieto, los empresarios celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los amparos interpuestos por los maestros en contra de las evaluaciones, y a través del presidente del grupo empresarial exigieron no ceder al chantaje de los profesores adversarios a las evaluaciones, ya que ello deteriora la credibilidad sobre la reforma y la calidad educativas. Estos actores e instituciones son ahora algunos de los propulsores y guardianes de la reforma educativa y la educación pública.

*Catedrático del Instituto José María Luis Mora y de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinador del libro El secuestro de la educación