iguel Ángel Mancera ejecutó un Juego de las Sillas para beneficio de él, no de la ciudad de México: reacomodó con sentido electoral 2018 a los suyos (Héctor Serrano, José Ramón Amieva, Manuel Granados, Alejandra Barrales y, circunstancialmente suya, Patricia Mercado), se deshizo de piezas menores o políticamente ajenas (Joel Ortega, Rufino H. León, Hegel Cortés y Mara Robles, aunque ésta podría ser invitada a otra función), pagó cuota al PRD (Amalia García), abrió las puertas a personajes relacionados con el PRI, el Verde, el PAN y el Panal (Laura Ballesteros y Jorge Gaviño), y no tendió ningún puente de entendimiento político con el partido que ganó los pasados comicios en la capital del país, Morena (a Rosa Isela Rodríguez, acusada sin pruebas de ayudar a esta organización, la envió a la atención de la zona rural del DF).

El perfil de la nueva secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, es en realidad un mensaje contra Andrés Manuel López Obrador y Morena, sobre todo si se toma en cuenta que la candidatura presidencial de la sonorense en 2006 fue entendida por los amloistas como una maniobra para dividir el voto opositor y favorecer a Felipe Calderón; Mercado consiguió 2.7 por ciento de votos provenientes de la izquierda. Por otra parte, no tiene experiencia de mando en tareas de gobierno y su hoja de servicios se concentra en el armado de organizaciones partidistas (México Posible y el Alternativa Socialdemócrata y Campesina), en preparación de candidaturas presidenciales (apoyó a Gilberto Rincón Gallardo, propuesto por Democracia Social en 2000, y ella misma fue aspirante a Los Pinos en 2006), en pugnas por el control de esas agrupaciones (en una asamblea con sillazos y golpes le impidieron retomar el control del PAS, que quedó en manos del grupo encabezado por Alberto Begné) y en la asesoría y promoción de temas de una variada agenda progresista.

El año pasado, Mancera la convirtió en secretaria del Trabajo y ahora la ha colocado en el segundo cargo en importancia en el organigrama capitalino, lo que podría permitir que la inexperiencia y ligereza operativa de Mercado sean ayudadas por el verdadero círculo íntimo, con Héctor Serrano, quien ha pasado a una secretaría con menos reflectores pero con gran capacidad recaudatoria no reportable, la de Movilidad, desde donde seguirá contribuyendo al proyecto 2018. Otro probable afluente, para compensar deficiencias en la secretaría de Gobierno, será Manuel Granados, quien fungió como virtual comisionado de Mancera en el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con José Ramón Amieva en Desarrollo Social, y Alejandra Barrales en Educación, la mancerista familia política seguirá plácidamente adelante.

El rediseño de medio tiempo significa un adelgazamiento de las pocas referencias de izquierda social en el equipo mancerista. El hombre que comería Bísquets de Obregón en Los Pinos se confeccionó un equipo pluripartidista de campaña, excluyendo a Morena a pesar de que dijo haber atendido en su peculiar evaluación el mandato ciudadano. El reacomodo ideológicamente descafeinado, proclive más a segmentos salinistas, priístas y panistas, e incluso con la aceptación de una pieza perredista tachada de alta corrupción en Zacatecas, pretende fortalecer una precandidatura presidencial también plural, ciudadana, pero con pagos facciosos por adelantado a los grupos concurrentes (por cierto, Gustavo Madero y Carlos Navarrete analizan la posibilidad de un acuerdo para postular candidatos PAN-PRD en varios estados el año entrante, con algunas postulaciones comunes ya encaminadas en Veracruz y Puebla para los de blanco y azul y en Oaxaca y Tlaxcala para el sol azteca).

Pasando a otro asunto, ha de decirse que hay un punto ciego (para usar la terminología de moda) en el caso de las indagaciones sobre Ayotzinapa: la reticencia del gobierno federal a permitir que 16 militares rindan testimonio (que no declaración judicial en forma) ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que actúa bajo mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ha tenido amplia libertad para dialogar con quien han querido, excepto con esos miembros de las fuerzas armadas.

La extraña postura gubernamental (no hay una negativa expresa, sino un transcurrir y argumentar burocrático que en los hechos constituye hasta ahora un no) impide que esos 16 militares, adscritos al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, digan lo que vieron y escucharon la noche y madrugada en que fueron desaparecidos los normalistas rurales de Ayotzinapa. Arely Gómez en la PGR y Enrique Galindo en la Policía Federal han permitido libre acceso a lo que se les ha solicitado, pero el caso de los 16 de verde olivo ha sido particularmente anómalo, a juicio de padres de familia y estudiantes que este miércoles arremetieron a las puertas de esas instalaciones castrenses (siendo rechazados con gases lacrimógenos), cada vez más convencidos de que allí hay una clave para entender aquellos sucesos.

La cerrazón se ha producido, según los activistas, cuando el grupo de expertos extranjeros ha avanzado en el análisis de miles de documentos y ha tenido entrevistas con múltiples testigos y partícipes, incluso militares (pero no los enigmáticos 16). La fundada interpretación de esos expertos no tiene coincidencias plenas con la verdad histórica proclamada por Jesús Murillo Karam. De los mismos expedientes oficiales se han desprendido datos e indicios que en su momento no fueron revisados a fondo o incluso fueron desatendidos, no necesariamente por una estrategia malévola. La búsqueda de los 42, bajo esa visión de los especialistas, debe seguir y, de hecho, sigue. El próximo informe de esos especialistas replanteará puntos importantes, incluso sin que presten testimonio esos 16 militares, aunque todo sería más claro y preciso si sus jefes les permitieran responder libremente a las preguntas que les hicieran los expertos que son independientes del gobierno mexicano. ¡Hasta el próximo lunes!

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