Brasilia.

El Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia abrió una investigación contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a la gigante de la construcción Odebrecht, involucrada en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.

Los fiscales responsables del caso declararon haber detectado indicios suficientes para abrir el proceso de investigación contra Lula. La pesquisa se inició formalmente el 8 de julio, después de un procedimiento preliminar sobre las actividades del ex mandatario, que por lo pronto no será llamado a declarar, explicó una funcionaria de prensa del MPF.

Lula habría utilizado su influencia internacional para que la empresa Odebrecht –la mayor firma de construcción e ingeniería de América Latina– ganara contratos en países de la región y de África entre 2011 y 2014.

Un reportaje de la revista Época publicado en mayo, cuando la investigación preliminar estaba en curso, reveló que varios de esos contratos millonarios eran financiados por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), donde Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos.

Estas prácticas podrían constituir delitos de tráfico de influencias dentro de Brasil y tráfico de influencias en transacción comercial internacional, y es eso lo que investiga la fiscalía.

Odebrecht habría financiado viajes del ex mandatario a países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Ghana, donde la constructora tenía interés en cerrar negocios, señaló Época en su momento.

Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, está en prisión bajo sospecha de participar de una red de desvíos de dinero en Petrobras, que le habría costado a la estatal unos 2 mil millones de dólares de acuerdo con el balance de la propia empresa.

Antecedentes de la investigación en curso sobre este caso señalan que la trama de corrupción involucra a ex ejecutivos de Petrobras, empresarios y políticos que se habrían coludido para amañar contratos con la estatal gracias al pago de sobornos que, a su vez, engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula, aparece actualmente como uno de los más involucrados en este caso.

Hasta ahora, ni Lula ni su sucesora y heredera política, Dilma Rousseff, han sido acusados en el marco de este caso. La justicia de Sao Paulo rechazó en días recientes un pedido de habeas corpus preventivo realizado por un particular para evitar la eventual detención del ex presidente en el contexto de las investigaciones por el escándalo petrolero.

En todo caso, un juicio político a Rousseff por supuestas irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales vinculadas al escándalo en Petrobras es una posibilidad cierta, pero sería un retroceso para la democracia del país, consideró el presidente de la Cámara de Diputados del país, Eduardo Cunha.

El legislador y también dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), integrante de la coalición de gobierno, dijo que tiene la responsabilidad de decidir si se lleva a cabo un juicio político contra Rousseff, y admitió la posibilidad de una destitución del presidente en ejercicio por primera vez en casi 23 años.

Algunos legisladores de la oposición han pedido el juicio político para Rousseff y, a fin de tomar una decisión, Cunha espera un análisis legal sobre el caso en un plazo de 30 días.

Por lo pronto, el Instituto Lula manifestó en un comunicado su sorpresa por la noticia, debido a que el ex presidente ya entregó todas las informaciones solicitadas por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar.

De su lado, Cunha negó este jueves haber pedido un soborno de 5 millones de dólares dentro de la trama de corrupción de Petrobras, como denunció uno de los involucrados en la causa.

Julio Camargo, ex consultor de varias contratistas de la estatal, y bajo investigación por el multimillonario fraude a la petrolera estatal Petrobras, dijo al juez encargado del caso que en 2011 el parlamentario pidió 5 millones de dólares en una reunión que consiguió por conducto del ministro de Minas de la época, Edison Lobao, informó el diario brasileño O Globo.

Desmiento con vehemencia las mentiras del delator y lo desafío a probarlas, reaccionó Cunha en un comunicado.

Cunha, un evangélico conservador enemigo de Rousseff, es uno de los 22 diputados investigados por el Ministerio Público Federal (MPF) por el escándalo en Petrobras que costó a la empresa más de 2 mil millones de dólares.