Tras denunciar el clima de brutal represión en Puebla, organizaciones civiles y de derechos humanos, académicos e intelectuales, así como senadores y diputados federales llamaron al gobernador Rafael Moreno Valle a hacer un esfuerzo de respeto hacia las posiciones políticas divergentes y abrir camino al diálogo.

En conferencia de prensa en el Senado, dirigentes sociales presentaron un posicionamiento colectivo en el que insistieron al mandatario estatal en resolver de manera pacífica los conflictos que dañan a la sociedad poblana.

En cuatro años de gobierno, 241 personas han sido encarceladas por haber rechazado medidas gubernamentales que afectaban su vida cotidiana, dijeron.

El escrito, que incluye una larga lista de agraviados, denuncia que Moreno Valle ha utilizado las instituciones de procuración y administración de justicia para mantener bajo acoso y amenaza a personas que defienden los derechos de los pueblos.

Las detenciones se han llevado a cabo de forma arbitraria, violando los principios de presunción de inocencia y debido proceso, utilizando la prisión preventiva como medida represiva, dice el escrito, leído por Rita Amador, esposa del líder social Rubén Sarabia Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, preso desde 2014.

A la conferencia, apoyada por la senadora perredista Dolores Padierna, también acudió Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie Tamayo, fallecido hace un año a causa de la represión policiaca contra pobladores de Chalchihuapan. Señaló que ningún policía está en prisión por el homicidio del menor, mientras líderes sociales permanecen injustamente encarcelados.

Carolina González Barranco y Miguel Angel Burgess, vocera e integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, respectivamente, y David Escobar, de Puebla Libre, destacaron que el estado no había vivido tal ambiente de represión en varias décadas y llamaron a Moreno Valle a poner fin a la persecución.