El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, promueve una iniciativa de ley con la cual, asegura, busca proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas. Por ello, entre jueves y viernes la administración que encabeza realizará foros en Cancún y Chetumal para analizar la llamada ley Borge, que, según abogados, en realidad prevé acotar la labor de quienes no comulguen con la línea del mandatario.

De acuerdo con el proyecto distribuido entre comunicadores, la nueva ley creará la Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y será operada por la Secretaría de Gobierno; también se integrará un fondo con aportaciones de los periodistas que manifiesten su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen el gobierno del estado y las empresas editoriales.

El fondo se usaría para apoyos por enfermedad, en caso de accidente y por maternidad.

Abogados consultados sostuvieron que la nueva ley regula el acceso a las fuentes de información y el ingreso a actos públicos a periodistas debidamente acreditados, una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su entrada.

Se reforman leyes en Veracruz

Por otro lado, el Congreso de Veracruz aprobó este miércoles reformas a la Ley de Salud y el Código Penal estatales, enviadas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, las cuales incluyen penas de seis a 12 años de prisión y multas hasta de 600 días de salario mínimo a quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de edad.

La iniciativa correspondiente, aprobada con 44 votos a favor, estipula que los establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas podrán abrir después de las 8 horas y cerrar a las 2 de la mañana. Para quienes vendan fuera del horario establecido se prevén multas de 300 a 600 días de salario mínimo.

Las modificaciones también ordenan que quien expenda bebidas alcohólicas deberá cerciorarse de que el comprador acredite mayoría de edad mediante identificación oficial; en caso de incumplimiento, el comerciante deberá pagar una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo.