oy, 15 de julio, el gobierno de la República asignará los primeros contratos de producción petrolera a empresas mayoritariamente extranjeras. Con esa acción se inicia la consumación de un crimen más de lesa patria y el país retrocederá a la subordinación que, en esta materia, predominó hasta antes de la expropiación petrolera de 1938.

Es el inicio de un camino sin rumbo, de pérdida del control sobre nuestros recursos naturales, de sometimiento de las poblaciones que habitan las regiones petroleras, de pérdida de ingresos para atender necesidades sociales e incluso de debilitamiento institucional del propio Estado para conducir el desarrollo nacional.

La pérdida de control sobre esta área estratégica de la economía nacional se inició en el momento en que el titular del Ejecutivo y los partidos que lo apoyan reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en diciembre de 2013. Fue una reforma que mutiló los derechos de propiedad y dominio de la nación sobre los hidrocarburos, que minó las bases de una industria petrolera nacional que durante 77 años se había desarrollado hasta colocarse a la altura de las más importantes del mundo.

La industria estatal integrada, que comienza en 1938, pionera en su tiempo, fue seguida posteriormente por la mayoría de los países petroleros del mundo. Durante más de medio siglo Pemex impulsó la industrialización y el más vigoroso crecimiento económico que el país haya conocido, sosteniendo una política de precios bajos de los energéticos. Se constituyó en fuente permanente de una inmensa renta que ha sostenido las finanzas públicas, la construcción de infraestructura, la investigación científico-técnica y el gasto en salud y educación.

La entrega precipitada que hace el gobierno del sector petrolero se presenta con una grave ausencia: la de entes reguladores con la experiencia y fuerza necesarias para controlar a las grandes empresas supranacionales que dominan este sector.

Tomando en consideración los cambios ya efectuados, se dará a los operadores privados un trato fiscal y financiero que los gobiernos entreguistas negaron sistemáticamente a Pemex. Hoy, Pemex aporta al menos 71 centavos de cada peso que obtiene de la venta de cada barril de petróleo. En cambio, los nuevos concesionarios aportarán menos de 20 centavos. Como si el objetivo final de la dizque reforma no fuera la obtención de los mayores ingresos para el país y su desarrollo industrial. La contrarreforma arrincona a Pemex a una parte de las reservas petroleras hoy conocidas, con una vida no mayor de nueve años, y deja las nuevas reservas a los operadores privados.

Los 14 bloques que se asignarán a cada empresa o consorcio, por periodos de más de 25 años, son parte de lo que se ha denominado la ronda uno, que tiene previsto licitar 169 bloques sobre un total de 28.5 mil kilómetros cuadrados en Plegado Perdido (11 bloques), en los estados del noreste (ocho), Chicontepec (89), aguas profundas sur (17), así como terrestres y aguas someras del golfo de Campeche (44). En un proyecto tan ambicioso y rápido que no tendría precedente cercano en el mundo.

Hasta ahora se han publicado tres convocatorias para 19 contratos de producción compartida y 26 contratos de licencia (claramente concesiones prohibidas por la Constitución), en una superficie de 5 mil 311 kilómetros cuadrados de aguas y tierras nacionales. Aun cuando la información publicada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos no es homogénea, el total de reservas ofrecidas superaría 2 mil millones de barriles, de los cuales 15 por ciento serían de reservas probadas, 29 por ciento probables y el resto de posibles.

Ahora bien, ante el colapso de los precios internacionales del petróleo y en lugar de frenar las licitaciones, el gobierno decidió concentrar su oferta en la parte más jugosa de las reservas nacionales. Por ejemplo, en la segunda convocatoria, la proporción de reservas probadas ascendió a 12 por ciento, mientras que en la tercera asciende a 25 por ciento. La prensa internacional y nacional ha señalado que el gobierno negocia las cláusulas de los contratos con los inversionistas interesados, aumentando la magnitud de ganancias que estarán libres de impuestos y los plazos para el inicio de actividades, lo que permitiría a los inversionistas adquirir derechos legales sobre recursos con bajos riesgos y alta rentabilidad sin estar obligados a realizar inversiones, sino hasta que la incertidumbre de la coyuntura de bajos precios pudiera menguar y les resultara conveniente invertir.

Por otra parte, si los costos de extracción de un barril de petróleo mexicano promedian 15 dólares y antes se lograba vender en 100, el país podía tener una utilidad de 70-75 dólares; pero hoy, que el barril sólo se puede vender en 50 o 55, no hay justificación para que la nación acepte una utilidad de 15 o 20 dólares. Entonces, ¿por qué apresurarse? ¿Cuál es el beneficio para la nación? Resulta difícil creer que, en las condiciones actuales, la operación de Pemex resulte menos lucrativa para la nación que la de un particular.

Por otra parte, es indispensable advertir que la mayor parte de los contratos de licencia que hasta ahora se han ofrecido se ubican en territorios con fuerte presencia de pueblos originarios en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estas comunidades, de ahora en adelante, se encontrarán frente a una legislación que considera prioritarias las actividades que realicen las empresas privadas –de exploración, perforación, extracción y conducción de hidrocarburos, etcétera– sobre las actividades que tradicionalmente han venido realizando, y que ante una eventual negativa a vender o ceder en renta sus tierras procedería su expropiación e incluso expulsión.

Es de recordar que en el pasado los ocupantes superficiales de la tierra tuvieron condiciones quizá mejores. Por ejemplo, la ley petrolera de 1925 consideraba el derecho de los superficiarios a recibir una participación de: “… como mínimo 5 por ciento sobre la producción bruta a título de indemnización”. En cambio, la ley actual plantea (artículo 101, 6) que el asignatario o contratista podrá dar al superficiario un pago no mayor a 3 por ciento en el caso del gas natural, y en los demás casos no podrá ser mayor a 2 por ciento.

Además, la experiencia muestra que las empresas privadas no han dado mejores resultados en México. Fruto de la reforma de 2008, se asignaron contratos a particulares para producir en 11 bloques de yacimientos maduros. A la vuelta de cinco años, se tiene una producción conjunta muy reducida, que apenas suma 49 mil barriles diarios. Otro tanto ha pasado con los contratos de servicios múltiples licitados en la cuenca de Burgos, años atrás. Estos ejemplos muestran que el ingreso de operadores privados no es la panacea que se ha publicitado.

Las licitaciones que, prevén se lleven a cabo, están orientadas a transferir reservas que Pemex ya había descubierto, recursos en los que el país ha invertido cantidades considerables de dinero y que ahora, simplemente, pasarán a manos de particulares. Durante la discusión pública del proyecto de reforma el gobierno sostuvo que no se trataba de hacer a un lado a Pemex y que los particulares participarían ahí donde Pemex no tuviera experiencia por la complejidad de los yacimientos. Hoy queda claro que se están licitando las reservas probadas del país y desplazando a Petróleos Mexicanos de actividades que domina plenamente, donde su capacidad es la más alta, dado su conocimiento preciso del recurso y de las técnicas necesarias para su explotación, como son las aguas someras del Golfo de México.

En el pasado, como ahora, hemos buscado el diálogo y presentado propuestas, con el único propósito de contribuir a la construcción de acuerdos que mejoren la operación de la industria petrolera y de los energéticos para el país. Siempre mirando en preservar la propiedad y el dominio pleno de la Nación sobre sus recursos naturales, fuente de una riqueza que debe ser aprovechada en igualdad de circunstancias por todos los mexicanos.

Hoy, ante la inminencia de regresar a un modelo de explotación petrolera que será paulatinamente concentrado en empresas trasnacionales, que ya en el pasado probó su inconveniencia para el progreso del país, exhortamos al gobierno federal a detener las licitaciones de áreas petroleras que son patrimonio de todos los mexicanos, dada su inconveniencia económica; a preparar una amplia consulta popular vinculatoria sobre las reformas, principalmente, al artículo 27 constitucional en materia energética y a construir, con la sociedad y sus organizaciones, un amplio acuerdo que permita reconstruir la confianza y diseñar una estrategia energética que convenga y fortalezca al país.

Sería sumamente importante que los integrantes del Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, antes de la firma de los contratos petroleros, demanden que se abran al conocimiento público todas y cada una de sus cláusulas. Que revise la legislación aplicable para que la representación popular determine legalmente la vigencia de los contratos petroleros e intervenga en la determinación de los ingresos públicos que surgen de las cláusulas económicas de esos contratos, impidiendo que la SHCP los determine discrecionalmente.

Convocamos a los ciudadanos y a sus organizaciones a emprender todas las iniciativas civiles a su alcance, con el propósito de mantener viva la lucha en contra de la entrega a intereses contrarios a los de México y los mexicanos de los recursos energéticos del país; para recuperar la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y para que el Estado garantice el suministro energético, en su diversidad, calidad y precios, que permitan satisfacer las necesidades esenciales de toda la población.

Alertamos a la sociedad sobre las prácticas de despojo y agresión que en otros países, y en el pasado también en México, se han registrado contra la gente asentada en áreas con potencialidad de contener hidrocarburos. Frente a esos precedentes es indispensable acompañar a aquellas comunidades vinculadas a proyectos de explotación petrolera con la finalidad de que puedan decidir democrática y libremente lo que mejor les convenga. En este sentido, rechazamos que el interés de una empresa privada, del origen que sea, pueda estar por encima de las actividades económicas, la propiedad y la residencia de la población que habita en las zonas petroleras.

En la coyuntura actual se abren oportunidades internas a la transformación industrial del petróleo mexicano. Las necesidades de petrolíferos y petroquímicos que tiene y tendrá el país en el futuro deberían llevar al gobierno a retomar con Pemex los proyectos para ampliar la reposición de reservas petroleras, la plataforma de producción primaria, la capacidad de refinación, la producción de fertilizantes que urgen al campo mexicano y de productos petroquímicos que hagan más competitiva nuestra planta industrial, abriendo espacios de coinversión con empresas mexicanas o extranjeras que verdaderamente quisieran comprometerse con el desarrollo soberano del país.