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Invoca el gobierno artículo que sólo prevé plebiscito, referendo y revocación de mandato

Anuncian sin base legal consulta sobre centro cultural en Oaxaca

La organizaría el OPLE, pero se llevaría a cabo en un año, cuando la obra ya estaría terminada

Activistas toman la palabra a Gabino Cué y lo invitan a debatir el proyecto el próximo viernes

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El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrila, promueve la construcción del Centro Cultural y de Convenciones del estado en un terreno ubicado entre el auditorio La Guelaguetza y el hotel Victoria (en la imagen), propiedad del funcionarioFoto Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de julio de 2015, p. 30

Oaxaca, Oax.

El gobierno del estado anunció ayer una consulta ciudadana sobre la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), impulsado por José Zorrilla de San Martín Diego, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Styde) y propietario del hotel Victoria, aledaño al terreno donde se haría la obra.

En un boletín, la administración de Gabino Cué Monteagudo indicó que la consulta la realizaría el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Oaxaca, con base en el artículo 25 de la Constitución del estado.

Sin embargo, dicho documento no prevé la consulta pública. El inciso C del artículo 25, relativo a los mecanismos de participación ciudadana, únicamente prevé tres: plebiscito, referéndum y revocación de mandato.

El primero indica: El plebiscito es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del estado, por medio del sufragio libre, directo, secreto y universal, podrán objetar las determinaciones de naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo.

El referendo, agrega, es la consulta a los ciudadanos del estado que se realiza por medio del sufragio libre, directo, secreto y universal para que expresen su voluntad únicamente sobre la reforma o creación de normas o preceptos de carácter general y/o de normas secundarias.

En ninguno de los tres casos se prevé que sea el mismo gobernante quien solicite la consulta, pues, como candado contra actos arbitrarios del Ejecutivo u otros funcionarios, el artículo estipula:

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (el OPLE) convocará y organizará el plebiscito, previa solicitud de al menos dos tercios de los integrantes del Congreso o 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado.

Asimismo, el artículo 14 refiere: Los mecanismos de participación ciudadana cuya realización requiera el ejercicio del derecho del sufragio de los ciudadanos se realizarán preferentemente en los tiempos calendarizados para las elecciones locales, de conformidad con esta ley y la normatividad en materia electoral. Así, el plebiscito tendría que llevarse a cabo la primera semana de junio de 2016, cinco meses antes de que culmine el mandato del gobernador Cué Monteagudo.

Además, el inciso primero del artículo 19 señala que el plebiscito será improcedente cuando el acto de gobierno objeto de plebiscito se haya consumado de un modo irreparable.

El comunicado emitido por la oficina de comunicación social insiste en que el proyecto del CCCO forma parte del Plan para el Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, en el apartado de crecimiento económico, competitividad y empleo, pero al tratar de consultar dicho plan en la página de Internet del gobierno, la sección correspondiente (páginas 128 a 215) se encuentra en blanco, desde la página 117 inclusive.

Horas antes, el Frente en Defensa del Cerro del Fortín informó que envió al gobernador una invitación a debatir el proyecto del CCCO el próximo viernes en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fundado por el pintor Francisco Toledo. El documento fue entregado el lunes pasado en la oficina del mandatario.

La carta, firmada por José Márquez, presidente de Pro-Oax, y Odili Sánchez Galicia, representante de la colonia Guelaguetza, indica que el gobernador ha asegurado que está dispuesto a dar a conocer de manera pública el proyecto.

La invitación propone discutir las implicaciones jurídicas, ambientales y urbanísticas, y se da al mandatario la opción de acudir en persona o designar a un representante.