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Omisiones y retrasos consolidaron obras que violaron el uso de suelo

Detecta CDHDF una actividad irregular de Seduvi en construcciones en 13 predios
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de julio de 2015, p. 33

Ante las irregularidades que se cometieron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para permitir la construcción ilegal de obras en 13 predios, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 4/2015.

En la investigación, que integra 15 expedientes de queja registrados entre 2010 y 2015, el organismo señaló que se identificó un patrón de comportamiento, el cual, en combinación con una actividad irregular de la Seduvi, en conjunto con la omisión o retraso de autoridades, consolidó obras que violaron el uso de suelo.

Perla Gómez, presidenta de la CDHDF, expuso que los predios están ubicados en siete delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En cinco casos, detalló, la Seduvi otorgó certificados de uso de suelo que convalidaron derechos adquiridos o los acreditaron sin tener la certeza de que se hubiesen conservado o estuviera vigente la acción para reclamarlos. Además, hubo omisión de atender el deber de debida diligencia.

Entre los casos están la cosntrucción de la librería y centro cultural Educal, en la calle Fernández Leal 43, delegación Coyoacán; la torre Pedregal, en Miguel Hidalgo, y el edificio de Millet 39, en Benito Juárez, obras que generaron protestas vecinales.

Además, en otros cinco expedientes se emitieron de manera irregular certificados únicos de zonificación de uso de suelo o con una inadecuada aplicación de la norma, entre los cuales está el predio de Céfiro 120 y el de Parque de los Príncipes, en Lomas Altas.

En los últimos tres casos el certificado de uso de suelo se emitió al amparo de la norma 26, que permite modificar el uso de suelo para edificar viviendas de interés social o popular; sin embargo, las que se construyeron no cumplieron con las características y en todos los casos se ofertaron en más de un millón y medio de pesos.

Ante esa serie de irregularidades, el organismo recomendó siete puntos a la dependencia para reparar los derechos violados a la seguridad jurídica, vivienda adecuada y un medio ambiente sano.