Recuento sindical amañado, contubernio de dirigentes de trabajadores con la administración del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y riesgo de que se recorte el contrato colectivo, son los componentes de la situación laboral que enfrentan los empleados de ese organismo.

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo, Francisco Arroyo, denunció ayer lo anterior y sostuvo que luego de haber demandado por año y medio a las autoridades laborales del país que se llevara a cabo un recuento sindical para definir qué gremio se quedará con la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ayer se efectuó el proceso, pero con un padrón rasurado, en el que no se consideró a todos los trabajadores de base.

El dirigente indicó que en el padrón de sindicalizados no se contempló a ninguno de los trabajadores del gremio disidente, ni siquiera a los integrantes del comité ejecutivo.

La lista de trabajadores sólo incluía a los sindicalizados del gremio oficial, por lo que no se dejó votar a los independientes, no es válido el proceso y de inmediato solicitaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Arroyo expuso que el sindicato mayoritario ha formado parte de la red de poder que tejieron diversos administradores del instituto, por lo que es apoyado para que el recuento se lleve a cabo de manera amañada.

Dijo que más allá del proceso meramente sindical, el gremio oficial lleva a cabo conjuntamente, con la administración del IMP, la revisión del contrato colectivo de trabajo del organismo, y el hecho de que se haya amañado el recuento está ligado con esa negociación. Se puede anticipar que habrá recorte o modificación de cláusulas del contrato, sobre todo en lo que se refiere al plan de pensiones, con la anuencia del sindicato mayoritario.

La revisión del contrato colectivo de trabajo, que se inició el 30 de junio y terminará el 30 de agosto, puede contemplar el ajuste de varias cláusulas y por eso estorba el sindicato independiente, expuso Francisco Arroyo. Sostuvo que existe un plan de pensiones creado para los trabajadores desde 1986, y hay un reglamento que es muy probable que se quiera cambiar, pues señala que los trabajadores deberán tener 55 años y 30 de servicio para tener acceso a la jubilación; sin embargo, existe el riesgo de que el sindicato mayoritario pacte en esas negociaciones el cambio del reglamento para que los sindicalizados tengan que laborar más años.