En la Alianza de Tranviarios de México (ATM) se ha generado un conflicto sindical, en el que un grupo de trabajadores ha buscado destituir a su secretario general, Benito Bahena y Lome, al cual hicieron firmar su renuncia bajo presión y amenazas de violencia física en su contra.

Bahena, quien tiene aún la toma de nota como dirigente del gremio, denunció en entrevista que el pasado 25 de junio llegaron a las oficinas del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, ubicadas en Municipio Libre, tres camiones con miembros del sindicato y personas ajenas al mismo, quienes en forma violenta y con amenazas lo obligaron a firmar documentos, sin que le permitieran leerlos y con agresiones verbales y empujones lo obligaron a él y otros miembros de su comité a abandonar las oficinas de la representación sindical.

El dirigente ya presentó denuncias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra Eugenio Rangel García, secretario del Trabajo, y su hijo Eugenio Rangel Rojas, así como contra Martín Rogelio Romero, Raciel Cruz Vázquez, Camilo García Solorio, Sergio Cedillo y Gustavo Ortega Bravo.

Bahena y Lome, quien ha tenido una abierta participación en Morena y contendió por este partido en las pasadas elecciones como candidato a diputado federal por el distrito 13, Iztacalco, no descarta que los hechos tengan que ver con su acción política, e hizo ver que en el momento de los hechos algunos de los participantes le cuestionaban a gritos; ¿Por qué participaste con Morena?

Tras señalar que no renunció a la secretaría general de la ATM, demanda a las autoridades laborales que sancionen a quienes lo obligaron a firmar documentos que desconoce.

Indicó que en estos hechos se realizaron actos violentos en perjuicio del sindicato y de miembros del comité central; que “dichos actos fueron cometidos en pandilla, encabezados por Eugenio Rangel García, quien ahora se ostenta como secretario general del gremio.

Además, se despojó a la representación sindical de sus oficinas mediante intimidación física y verbal; que se le impidió sacar de su despacho cualquier tipo de documentos y valores, tanto del sindicato como personales, pudiéndose prestar esto a la comisión de actos fraudulentos, y que existe el riesgo fundado de que se utilicen de manera indebida recursos y bienes del sindicato.