A un año de que entró en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que se favorecería la existencia de concesiones para radios comunitarias e indígenas, la situación que enfrentan éstas es compleja. Los lineamientos que regulen los esquemas de financiamiento para su sobrevivencia aún no han sido expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que, aunque jurídicamente están en mejores condiciones, su viabilidad financiera sigue en entredicho.

Irina Vázquez, responsable de la coordinación ejecutiva de la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), sostiene: Con la reforma se obtuvo reconocimiento jurídico, hubo grandes avances en el acceso a las frecuencia y en trámites menos engorrosos. Sin embargo, si no se destraba el problema del financiamiento para tener acceso a frecuencias en condiciones de mayor equidad, no se resolverá el problema de la sostenibilidad de las radios y eso es condenarte a la muerte como sector.

Con esa complejidad de viabilidad financiera, Vázquez advierte que cada vez más existe una gran necesidad social de radios comunitarias e indígenas, en un contexto de gran violencia, violaciones graves a los derechos humanos y falta de respeto a garantías individuales. Se estima que tan sólo en Oaxaca y Michoacán habría una operación de más de cien radios comunitarias por cada entidad, que requerirían su legalización para operar en función de las necesidades comunitarias.

Un aspecto medular ha complicado la operación de estas radios bajo el nuevo marco legal: la falta de lineamientos emitidos por el IFT les impide su transición en su estatus a concesiones de uso social (comunitario o indígena, para el caso), y con ello, acceder al uno por ciento del presupuesto federal destinado a comunicación social y publicidad. Un monto reducido, aclara Vázquez, aunque para estos proyectos es fundamental para hacerlas financieramente viables, pues a un año de vigencia de la ley no han contado con este fondo.

En principio está en marcha el proceso de consulta del IFT a las comunidades indígenas que estaría por entrar a su fase final el próximo 16 de julio, cuando den respuesta a los seis foros regionales que fueron organizados para elaborar los lineamientos. En el centro de las demandas se encuentran: respeto a las comunidades indígenas y sus ­procedimientos de organización, accesibilidad en los trámites y, fundamentalmente, avalar esquemas que favorezcan la viabilidad financiera de la radiodifusión ­indígena.

La nueva ley establece para las radios comunitarias, indígenas y de uso social que deberán presentar una solicitud para obtener una concesión de uso social en la que especifiquen mecanismos para asegurar la independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Y en el artículo 89 se restringen las vías de financiamiento a estas radios, cuya principal fuente es el uno por ciento del total destinado por el gobierno federal para comunicación social y publicidad (el resto son donativos, rifas y coinversión con otros organismos sociales).

Sin embargo, sin los lineamientos para el tránsito de permisionarias (figura jurídica que les correspondía en la anterior legislación) a ser titulares de concesiones de uso social comunitario o indígena no se ha concretado este cambio jurídico y, por tanto, no han accedido a los recursos.

Al pronunciarse en torno a la ausencia de lineamientos, el consejo consultivo del IFT, encabezado por Ernesto Flores, advierte: las radios comunitarias e indígenas han accedido a las frecuencias porque han demostrado sus fines, pero acceder al financiamiento público, implica el reconocimiento del IFT. Al transcurrir seis meses sin lineamientos no han podido ejercer su derecho legal al financiamiento público, pues no pueden acceder a otras formas de recursos, como venta de publicidad o asignación como las radios comerciales.

Tequio y donaciones

Vázquez refiere que las radios han sobrevivido con trabajo comunitario –tequio–, con donaciones de las comunidades, pero eso no les ha garantizado su sostenibilidad como proyectos sociales. Por ello hay preocupación para que se emitan los lineamientos y se pueda acceder al financiamiento público, si bien originalmente el IFT había ofrecido que estarían en julio y ahora han establecido agosto.

Subrayó que si bien se han impulsado proyectos de coinversión con otros medios sociales, se ha buscado acelerar la transición legal, a pesar de que todavía no hay lineamientos. Se advierte que una batalla que continuará será definir a cuánto asciende el uno por ciento, porque no está claro cuál es el monto total involucrado y por ello trabajan ya con Fundar para analizar esta problemática.