Joaquín El Chapo Guzmán se hizo un experto en la construcción de vías subterráneas para el transporte y almacenaje de drogas. En la década de los 90 comenzó a contratar arquitectos e ingenieros civiles para el diseño y elaboración de túneles en los que almacenaba droga o la pasaba a territorio de Estados Unidos desde casas en obra negra ubicadas en ciudades fronterizas, según informaron funcionarios del gabinete de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La mayoría de las propiedades que llegó a utilizar Guzmán Loera en México están conectadas entre sí mediante pasadizos subterráneos que tienen salida o desembocan en sistemas de drenaje público.

Una línea de investigación que sigue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para detectar a los responsables de la fuga de El Chapo está enfocada en ubicar si algún funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), específicamente del Sistema de Prevención y Readaptación, pudo haber entregado a los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa los planos de seguridad y/o construcción del penal del Altiplano, considerado de máxima seguridad.

Entre los funcionarios retenidos en la Seido (al menos 31) está el director del penal (cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad), así como los custodios asignados al turno del pasado sábado.

Guzmán Loera era el prisionero número 3578 y los fiscales investigadores sospechan que algún funcionario de la CNS podría haber sido corrompido para otorgar información confidencial sobre los planos estructurales de la construcción de esa cárcel.

Los funcionarios y custodios retenidos este domingo arribaron a las instalaciones de la Seido en un camión blindado de la CNS, conocido como Rinoceronte (matrícula UCT-002). El convoy fue vigilado por un helicóptero de la PGR.

Según el plazo que marca la Constitución, los presentados rendirán declaración y antes de 48 horas– y hasta un plazo máximo de 96 horas, por tratarse de un caso ligado a la delincuencia organizada–, los agentes del Ministerio Público Federal definirán su situación jurídica.

En 2002, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre la situación de los penales en el país, en el cual concluyó que la cárcel del Altiplano, antes conocida como penal de Almoloya, ‘‘es el lugar más confiable para evitar fuga de reos’’. Esa prisión obtuvo una calificación de 8.64, la mayor de todas, según dicho informe.