Los cambios de uso de suelo aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la semana pasada son ilegales, y los vamos a echar para atrás, pues sólo buscan cumplir compromisos contraídos con grupos empresariales, advirtió el presidente nacional de Morena, Martí Batres, y anunció que su partido apoyará a las organizaciones vecinales interesadas en interponer un amparo o algún otro recurso legal contra esas decisiones, siempre con respeto a su autonomía.

Consideró que deben corregirse esas autorizaciones nulas, pues la Ley de Desarrollo Urbano estipula que para aprobar cambios de uso de suelo debe hacerse en sesiones ordinarias, no en extraordinarias, pero se aferraron para validar una situación de hecho e impulsar desarrollos inmobiliarios que expulsan a la gente.

En conferencia de prensa, en la que denunció la intención de las autoridades de privatizar los mercados públicos, señaló que con ello se beneficia a grupos empresariales, como el que planteó modificar el uso de suelo en predios de Polanco y se les concedió.

Se trata, destacó, de “institucionalizar negocios privados, que afecta por igual a la delegación Miguel Hidalgo, donde se habla de un cártel inmobiliario, que a Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Ninguna delegación se salva”.

Hoy día se tienen proyectos parados, pero está la amenaza de concretarlos, como las ciudades del Futuro, en Coyoacán, cuyo nombre cambió a Parque de Innovación CDMX; de Salud, en Tlalpan, o la Administrativa, en Cuauhtémoc, comentó.

Más tarde, en una asamblea informativa contra el fraude electoral en la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, afirmó que se quiere entregar un terreno público (la planta de asfalto) para un negocio privado.

De concretarse, se encarecería el predial, el agua y demás servicios públicos; además de dar a las inmobiliarias la posibilidad de construir edificios de lujo, lo cual llevaría a la expulsión de muchos de los habitantes originarios de la zona, alertó.

Por otra parte, dijo que por el momento no hay fecha para reunirse con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues antes se deben cumplir condiciones, como castigar a los funcionarios que incurrieron en irregularidades en el reciente proceso electoral, y dar certidumbre en la restructuración del gabinete, pues, señaló, se pueden cometer injusticias.