El financiamiento público del Partido del Trabajo (PT), cuyo registro está en riesgo al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en las pasadas elecciones, se triplicó en los últimos 18 años.

Su dirigencia nacional, en tanto, mantiene cuestionamientos al INE por el nombramiento del interventor que administra sus recursos, además de que –asegura– el organismo se ha extralimitado, porque empieza a controlar también las prerrogativas estatales.

De acuerdo con los registros del INE sobre el financiamiento público para los partidos nacionales, el PT recibió en 1997 para actividades ordinarias permanentes casi 93 millones de pesos, y para este año alrededor de 282 millones.

El instituto político encabezado por Alberto Anaya ha tenido altas y bajas en los recursos que recibe, como reflejo de la votación que ha obtenido.

En 1998 tuvo el más bajo financiamiento, dentro del periodo citado, al ingresar a sus arcas 78 millones. Ese año también fue el que menos recursos recibió entre los cinco partidos con registro. El gasto en 2015 fue menor al del ejercicio pasado, cuando se le otorgaron 285.06 millones.

Los petistas cuestionan que el INE les haya enviado oficios informándoles que los recursos del partido en al menos siete entidades se irán a una cuenta concentradora determinada por el organismo electoral.