Chihuahua, Chih.

El Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu) pidió al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no tolerar ni encubrir conductas de sus miembros que perjudiquen el interés de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad, luego de trascender que el magistrado Filiberto Terrazas, titular de la segunda sala penal regional, en Ciudad Juárez, fue acusado de violencia familiar.

En un comunicado, el Ichimu hizo pública su postura sobre una supuesta denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado, por la esposa del magistrado, Claudia Delgado, quien lo acusó de golpearla con un cinturón frente a sus hijos y echarla del domicilio conyugal la noche del sábado 4 de julio. Para que el magistrado sea juzgado se requiere que renuncie al cargo o que se establezca un juicio para desaforarlo.

Ni la fiscalía de Chihuahua ni el TSJE quisieron confirmar el dato sobre la existencia de una investigación abierta en el Centro de Justicia para las Mujeres, expediente 37-2015-18166.

En Chihuahua el delito de violencia familiar se persigue de oficio, con base en el artículo 193 del Código Penal; sin embargo, debido al fuero con el que cuenta, el magistrado Filiberto Terrazas debería separarse voluntariamente del cargo o la Fiscalía General podría solicitar al Congreso del estado un juicio de procedencia para desaforarlo, separarlo del puesto y procesarlo penalmente.

El Ichimu se pronunció ayer sobre el caso de Filiberto Terrazas. La violencia contra las mujeres es violación a los derechos humanos, como lo establece la Convención de Belém do Pará. La violencia contra las mujeres no tiene discrecionalidad ni justificación para nadie, y es aún más delicada cuando se trata de un funcionario público que representa a la ley y a la justicia, señaló el instituto en un boletín.

Estamos claras que la obligación de un magistrado es sancionar ese delito, igual que cualquier otro. Su trabajo es combatir la impunidad. El Ichimu exhotó al TSJE a realizar una revisión de todos los casos similares al señalado en la entidad, muchos de los cuales son divorcios contenciosos, en los que por falta de experiencia, sensibilización o cultura machista, se revictimiza a quien fue ofendida y se naturaliza la violencia, impidiendo un real acceso a la justicia.

El presidente del tribunal, José Miguel Salcido, garantizó que de presentarse pruebas de una conducta ilegal por cualquier servidor del Poder Judicial, se aplicarán las sanciones establecidas en la ley.