En México son muchos los logros que registra el país en materia de igualdad y para evitar la segregación, asegura Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Sin embargo, advierte que hay temas que es urgente atender, entre ellos el relacionado con las trabajadoras del hogar, en el que se emplean al menos 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y cuyo reconocimiento de derechos laborales y sociales es prácticamente nulo.

En el texto Irreversible el proceso de reconocimiento de derechos a la igualdad y la no discriminación en México se indica que si bien la Ley Federal del Trabajo dedica un capítulo especial a las labores domésticas, lo cierto es que está incompleto y deja aún que las relaciones laborales y el respeto de los derechos de las trabajadoras sean un asunto privado y discrecional, lo cual deja la puerta abierta a los abusos.

Otro aspecto más, agrega, corresponde al reconocimiento de las mujeres y hombres mexicanos afrodescendientes. “Su invisibilidad en nuestra Constitución –sólo México y Chile niegan ese reconocimiento– genera que se les ubique como parte de las poblaciones indígenas.

De tal manera que los recursos públicos destinados a las comunidades indígenas no incluyen de manera expresa a esta población mexicana, con lo cual el acto discriminatorio se refleja en la ausencia no sólo de recursos sino de políticas públicas para garantizar sus derechos a la salud, la vivienda y educación, entre otros, así como a preservar sus raíces culturales.

El tercer asunto que sigue presente, añade, es el de la migración. Explica que la Constitución mexicana garantiza la igualdad de derechos para todas y para todos y prohíbe expresamente la discriminación por origen étnico o nacional o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

“En los hechos, eso significa que las personas migrantes deben disfrutar de los mismos derechos que nuestros connacionales, lo cual no ocurre.

“A la luz de los tratados y convenios internacionales y del compromiso último con el Consenso de Montevideo, México asume la obligatoriedad para garantizar el disfrute de los derechos humanos de las personas migrantes sin discriminación ni trato desigual.

Existen acciones del gobierno de la República que nos permiten avanzar gradualmente para impedir que quienes migran, sobre todo hacia Estados Unidos, y se internan en territorio nacional sean objeto de abusos y violaciones a sus derechos humanos.

Téllez Lino reconoce que la agenda de los derechos humanos, igualdad y la no discriminación ha tenido avances sustantivos en materia legislativa, y que a raíz de las reformas constitucionales, donde es relevante mencionar que se profundizó en el concepto de la no discriminación, al incluir el de la preferencia sexual como un derecho de las personas, a la fecha, 29 entidades del país han armonizado su legislación en materia antidiscriminatoria.

Una vez que en 2014, el gobierno de la República decretó el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, 25 estados han hecho lo propio. Por último insiste en que sin duda se ha avanzado en la materia, pero falta mucho por hacer hacia ese México incluyente y a la sociedad de derechos, que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.