l ejercicio de los derechos humanos es el mayor rezago del México actual; el Estado ha fallado en garantizar la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, tal como lo acaba de documentar el informe presentado por Oxfam: la riqueza se encuentra concentrada en un grupo selecto que se ha beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Un artículo crítico sobre la próxima tercera Conferencia del financiamiento para el desarrollo, de la ONU, señala que en los últimos 10 años más de un billón (un millón de millones) de dólares han salido de América Latina en calidad de flujos financieros ilícitos: 80 por ciento de esta fuga corresponde a actividades de tipo comercial (prácticas de elusión, evasión y fraude tributario de grandes corporaciones), el resto es corrupción y crimen organizado. En lugar de continuar con múltiples programas asistencialistas, el Estado debe enfocarse en una política social basada en la rendición de cuentas y en los derechos; no es posible gozar de una vida digna cuando 53 millones de compatriotas viven en la pobreza. En el terreno de la integridad personal, las cosas no pueden estar peor, tal como aseveró el relator de la ONU: la tortura y los malos tratos son generalizados
en México, donde persiste la impunidad. México está por encima de la tasa mundial de feminicidios, la probabilidad de ser víctima de un feminicidio es muy alta en contextos de pobreza, marginación y exclusión de oportunidades educativas. Por si faltara, las libertades también están amenazadas: Artículo 19 informa que la crisis de derechos humanos ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión (en seis meses, seis periodistas asesinados y 227 agresiones contra la prensa).
En el caso de las personas menores de edad hay una cultura conservadora de negación de sus derechos y de sus libertades. Los hechos muestran que a niñas/os y adolescentes no se les reconoce como seres humanos libres, con la misma igualdad y derechos que los adultos, tal como lo exige el primer artículo constitucional: “queda prohibida toda discriminación motivada por el género y la edad…”
Los hechos muestran que en México las personas menores no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos (DSR). Se niega hasta el derecho a ser deseados, antes de nacer. Hay miles de hijos no deseados, regalados, abandonados o extraídos del hogar por maltrato y abuso sexual. En 2013 se tenía registro de 25 mil 700 viviendo en 117 albergues públicos y 805 privados; de ellos, 11 mil 75 se encuentran en situación de desamparo: pobreza, abandono, maltrato, abuso sexual, pornografía infantil. Según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, unos 400 mil menores mexicanos carecen de tutela parental, y de ellos, 100 mil sobreviven en las calles (datos proporcionados por Nashieli Ramírez, de Ririqui Interveción Social, SC). Como quedó a la vista con el escándalo de Mamá Rosa, los albergues carecen de la necesaria regulación y supervisión, lo que propicia violaciones escandalosas a los derechos humanos. Tampoco el espacio familiar ni el escolar ni el eclesial garantizan el respeto a los DSR. En la Consulta Infantil y Juvenil de 2012, 11 por ciento de niños/as (6-17 años) reportan haber sido víctimas de abuso sexual en sus hogares y 8.5 en sus escuelas, algunas de éstas religiosas. Se registraron 10 mil 880 niñas madres menores de 15 años (Inegi, 2013), muchas de las cuales han sido víctimas de violación de sus padres y parientes. También hay matrimonios forzados o arreglados por padres de familia.
Por eso es inadmisible que organizaciones de padres de familia y de defensores de la vida
como Red Familia o la Unión Nacional de Padres de Familia pugnen por eliminar los DSR en las políticas públicas. Además de discriminar a niñas/os, les quieren quitar el derecho a informarse sobre el respeto al cuerpo, a su integridad personal, a decidir y a exigir su derecho a la información y a la educación sexual. Más grave es que legisladores/as hayan eliminado los DSR en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque se logró mantener el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la educación integral de la sexualidad; pero se pretende eliminar estos últimos al armonizar las leyes estatales. En Sinaloa y en Aguascalientes algunos padres argumentan que se les excluye para supervisar, orientar y restringir la intimidad de sus hijos. También hay intentos de eliminar los DSR de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos de Adolescentes. Se llega a afirmar que no existen. Tres relatores de la ONU han argumentado la vigencia de los DSR: están reconocidos en el Comité para la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el de la Convención de los Derechos de la Niñez, en las Conferencias de Población y Desarrollo, y en el Consenso de Montevideo.
Más que el derecho de padres, ellos están obligados a respetar los de sus hijos. El cuarto artículo constitucional señala que ascendientes, tutores y custodios están obligados a preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños; el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez (menores de 18 años) y otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez
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Nota. ¡El colmo! El TEDF sigue solapando a funcionarios de la delegación Coyoacán que incurrieron en delitos de fraude electoral.
Twitter: @Gabrielarodr
