iguel Ángel Mancera tendrá menos dificultades para conseguir el apoyo del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego que la procuraduría capitalina de justicia decidió no continuar el proceso penal contra el ex dirigente local tricolor, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Con la procuración de justicia como único campo de especialidad antes de llegar a la jefatura del Gobierno capitalino, Mancera no puede eludir la responsabilidad de la postura asumida formalmente por Rodolfo Fernando Ríos Garza, el actual titular de la PGJDF, quien fue su secretario particular años atrás y miembro del grupo de abogados del despacho León, Moreno, Mancera y asociados. Durante meses, esa procuraduría mantuvo una conducta procesal deficiente, dando pie a que un juez señalara omisiones y carencias acusatorias en favor del miembro de una familia dedicada al aprovechamiento económico de la basura, hasta desembocar en el reconocimiento abierto de que se determinó el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez.

Además de la provisional reivindicación jurídica y política en cuanto a las acusaciones de trata de personas y lenocinio (aún quedan por desahogar dos averiguaciones previas, por actos de corrupción y por trata de personas, según recordó ayer Teresa Ulloa, dirigente de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe), Gutiérrez de la Torre queda en condiciones adecuadas para reforzar su pretensión de que sean castigados penalmente el medio (MVS) y el equipo periodístico (encabezado por Carmen Aristegui) que dieron a conocer grabaciones de relatos sobre la presunta contratación de mujeres en el PRI capitalino que además de fungir como edecanes debían satisfacer exigencias sexuales del entonces líder partidista.

A pesar de la contundencia de las acusaciones, su partido lo removió del cargo directivo, pero mantuvo abierta la expectativa de precisar más adelante su inocencia. Esa salida permitió reacomodos de grupos priístas en la capital del país y, en los pasados comicios, el grupo de Gutiérrez de la Torre recibió candidaturas y cargos menores. En el contexto de la división de votos y curules entre PRD y Morena en la capital del país, PRI y PAN quedan como bisagras negociables para dar mayoría en la asamblea legislativa a cualquiera de los partidos de izquierda escindidos.

La nueva manifestación de los profesores contra la evaluación educativa, que se estará realizando hoy en la capital del país, vendrá recargada. Contra lo que podría suponerse, dado que a fin de cuentas la administración peñista ha hecho avanzar los términos de esa reforma, el movimiento magisterial no ha entrado en una fase de marginalidad, sino al contrario: nunca como ahora esa vertiente de disidencia en el sindicalismo de los trabajadores de la educación había tenido tal penetración y amplitud entre segmentos tradicionalmente ajenos a las formas duras de lucha de la CNTE.

El dato no es menor, pues las evidencias de los riesgos laborales tramposos que implican las evaluaciones manejadas por autoridades usualmente predispuestas a favorecer a camarillas ha hecho que profesores pertenecientes al área sindical oficialista, el SNTE, hayan participado en diferentes ciudades en manifestaciones de protesta y estén decididos a unir fuerzas en esta etapa definitoria. La estructura representativa pro gubernamental, disminuida desde que Elba Esther Gordillo fue encarcelada, y ahora pálidamente conducida por el sustituto, Juan Díaz, apenas esboza algunas líneas declarativas en defensa de sus agremiados, lo que, desde luego, poco alienta a esos sectores magisteriales empujados por las circunstancias a la lucha callejera.

En ese contexto, la Secretaría de Educación Pública está retrasando la entrega de boletas de calificaciones y certificados finales a alumnos de prescolar a secundaria. A la hora de cerrar esta columna no había una explicación oficial respecto a la falla que impide capturar los datos desde cada escuela y obviamente provoca especulaciones, molestias y tardanzas varias (por ejemplo, para cambios de planteles o para inscripción en bachillerato). A un día del cierre del calendario escolar, sólo se había hecho saber extraoficialmente a directivos de escuelas públicas y privadas de todo el país que el sistema computacional de trabajo no está funcionando adecuadamente y que una posterior llamada telefónica habrá de ofrecer las nuevas indicaciones.

A un año de distancia la impunidad campea en Puebla respecto al asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien fue alcanzado por un proyectil de disuasión disparado por policías estatales en cumplimiento de la llamada ley bala, que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle. Además de la muerte de Tehuatlie, hubo una decena de heridos durante una manifestación de protesta de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que, como otros en la entidad, fueron afectados por reformas a la ley orgánica municipal que les cercenó a las comunidades la participación y supervisión de la policía, las agencias del Ministerio Público en el fuero local y el Registro Civil. Como es de suponerse, no hay castigo real para nadie. Dos agentes acusados de haber hecho el disparo que terminó con la vida del niño fueron liberados bajo fianza y reclasificado el delito del que se les acusaba. Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto, ha mantenido una denuncia permanente de los hechos ante instancias nacionales e internacionales, y ayer encabezó una caminata más de protesta.

Y, mientras un político caído en desgracia partidista (ninguna organización lo defiende), Luis Armando Reynoso Femat (fue gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010, como militante del PAN, de donde luego lo expulsaron), es aprehendido bajo acusaciones de defraudación fiscal correspondiente a 2009 que le permitirán salir pronto en libertad bajo caución, ¡hasta el próximo lunes, con el experto en la materia, Vicente Fox, acusando a Donald Trump de tonto por haberse equivocado mil veces!

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