La siembra de maíz transgénico no es un asunto de interés social sino un plan para la concentración de las tierras y el desplazamiento de pequeños y medianos productores, lo cual advierte el papa Francisco en la encíclica Laudato si, destacó Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Dicha encíclica, dijo, advierte que la expansión de los transgénicos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta presente y futuro de las economías regionales.

En varios países hay tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y otros productos necesarios para su cultivo. La dependencia se agrava porque la producción de granos estériles obliga a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras, explicó.

En conferencia de prensa con las agrupaciones que interpusieron la demanda colectiva contra la siembra experimental y comercial del maíz genéticamente modificado, Concha asentó que la encíclica es de interés no sólo para los católicos sino para la sociedad, pues a todos atañen los problemas económicos, disminución de la biodiversidad, cambio climático, así como el de los transgénicos, los cuales, desmintió, no son una solución para la producción de alimentos. Se trata de un asunto ético para no lesionar a las personas, advirtió.

Antonio Turrent Fernández, del consejo directivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, alertó sobre la fachada de modernidad y camino a la seguridad alimentaria con la que se pretende imponer la siembra de maíz y de otros granos y oleaginosas en el país.

No tiene sentido entrar al callejón sin salida que ofrecen los intereses multinacionales ni poner en riesgo la salud de los mexicanos, la biodiversidad del maíz y a sus parientes silvestres. El país cuenta con reservas de tierra, agua dulce, clima y tecnologías para recuperar su autosuficiencia en dicho grano fundamental para la alimentación de la población, señaló.

René Sánchez Galindo, abogado de los colectivos que interpusieron la demanda, refirió que durante tres lustros se ha luchado contra la siembra de transgénicos, y a partir del interés de Monsanto y otras agroindustrias por la siembra de maíz genéticamente modificado, la batalla se ha concentrado en la defensa del grano.

El 5 de julio se cumplieron dos años de la defensa jurídica, lapso en el que se logró la suspensión de 79 permisos de siembra experimental presentados por Monsanto, Du Pont Pioneer, AgroScience y Syngenta, y se ganaron 22 juicios de amparo contra las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de Agricultura (Sagarpa) y las empresas que impulsan los transgénicos. La demanda es el camino legal adecuado para abrir un debate judicial sobre la siembra del maíz genéticamente modificado.

México, sostuvo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, puede alcanzar la autosuficiencia maicera sin transgénicos ni monopolios, pues los agricultores de Sinaloa han logrado una productividad de 9.7 toneladas por hectárea del grano, mientras la de los estadunidenses, con semilla transgénica, es de 9.8 toneladas. El país puede triplicar la producción pero se requiere voluntad política.