Morelia, Mich.

Habitantes de la tenencia de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, impidieron la entrada ayer a unos 20 policías rurales y ministeriales. Los responsabilizan de la detención arbitraria y acusaciones fabricadas de homicidio a varios de sus pobladores desde el 4 de julio. Tres de ellos continúan presos en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres.

Los pobladores fueron señalados como responsables de los homicidios de dos secuestradores, cuyos cadáveres aparecieron colgados desde un puente ubicado en la autopista Occidente, en el tramo Maravatío-Zinapécuaro. Los habitantes de esta pequeña comunidad, donde se dedican a cultivar fruta, realizaron un plantón en Michoacán frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado durante dos días para protestar por las detenciones arbitrarias y a partir del 6 de julio colocaron una guardia en los accesos al poblado para impedir el paso de policías. Determinaron que sólo permitirán el ingreso a militares.

En Ucareo, unos 300 habitantes instalaron barricadas para cerrar el paso a los delincuentes que tienen asolada a la región, y además exigen liberar a sus compañeros.

El vocero de la población, Fermín García, sostuvo que se violentó la presunción de inocencia de sus compañeros, por lo que los detenidos deben salir de la cárcel lo antes posible.

Queja ante la CEDH por detenciones arbitrarias

Ayer, los productores de esta población ubicada a unos 70 kilómetros de Morelia presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la detención arbitraria de cinco compañeros, dos de ellos salieron libres el 4 de julio y los demás continúan presos. Los inconformes señalaron que la policía los ha querido criminalizar. Denunciaron que forzaron las puertas de las viviendas y golpearon a algunos habitantes para que se inculparan de la muerte de dos secuestradores.

Ucareo es una pequeña región productora de durazno, manzana y principalmente pera. Un día después de que aparecieron los cadáveres empezó la persecución contra los pobladores, quienes aseguran que además de los arrestos arbitrarios hubo acusaciones fabricadas por los ministeriales de la dependencia estatal.