íctor Hernández Gómez tiene 49 años de edad, es casado y padre de cinco hijos. Es monolingüe –como la mayoría de los mexicanos–, sólo que de zoque. Originario de la Ribera Huacano, Ocotepec, Chiapas. En febrero de 2014 Víctor migró a la ciudad de Oaxaca en busca de trabajo. Ahí fue detenido por policías del estado, quienes lo acusaban de un homicidio ocurrido 14 años atrás en el municipio de Villacorzo, Chiapas. Víctor no habla bien español y nunca tuvo un traductor en su lengua; no obstante, recibió una sentencia de ocho años de prisión en el penal número 8 de Villaflores, Chiapas.

Todas las pruebas de descargo presentadas por la defensa desde su detención en 2014 evidencian que Víctor Hernández Gómez no es responsable de la muerte de Raquel Guillén Santiago, hecho ocurrido en el poblado Ocotal Maravilla, municipio de Villacorzo, el primero de noviembre de 2000. Sin embargo, Víctor sigue preso…

Además, los tres testigos presenciales del homicidio señalan que la apariencia física y el nombre del inculpado no corresponden al autor material del homicidio. Tampoco la autoridad emitió la media filiación o retrato hablado, datos o elementos que permitan la identificación e identidad formal del responsable del homicidio. Esto se suma a la ausencia de pruebas de cargo, así como la no validez de pruebas de descargo presentada por la propia familia de Raquel Guillén Santiago. Sin embargo, Víctor sigue preso…

Los casos como el de Víctor muestran cómo la impartición de justicia –en un país marcado por la desigualdad y el racismo– se ha venido a convertir en un mecanismo institucional caracterizado por los errores colaterales y la boyante corrupción. La herida que genera este tipo de situaciones –entre los afectados, familiares y la sociedad en general– es lacerante. Además, debemos señalar que durante las últimas dos décadas, el ejercicio de la justicia entre pueblos indígenas se encuentra recubierta de discursos y ropajes multiculturales.

El Estado mexicano, al asumir la retórica de la diversidad como un hecho sin asimetrías, sólo trata de esconder el ejercicio del poder cotidiano que se vive entre la población del país. El Estado mexicano y su sistema de justicia no sólo privan de la libertad a los sujetos bajo procedimientos infames e indignantes; además, fragmentan y empobrecen a los núcleos familiares, y por tanto, impactan sobre los tejidos sociales practicados en colectivo.

El caso de Víctor Hernández Gómez –un indígena zoque de Chiapas que está injustamente preso– es una muestra clara del ejercicio institucional de la injusticia en este país. Comparto las demandas de justicia para Víctor y exijo su inmediata liberación (#soyvictorsoyinocente).

* Desplazado zoque, originario de Chapultenango, Chiapas, 1981. Licenciado en historia y maestro en antropología social