on indudable maestría, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desaprovechado varias oportunidades de instalar en los mexicanos un nivel de confianza en las instituciones y en sus encargados actuales respecto a acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Salvo casos menores, la política oficial de Los Pinos ha consistido en una plena protección a los fundadamente señalados como partícipes de actos de inmoralidad política y corrupción administrativa, además del tendido de redes mediáticas de distorsión y dilución de los casos que hubieran logrado saltar a la luz pública, apostando esos poderes al paso del tiempo, tanto en función de la desmemoria colectiva como de la aparición de nuevos escándalos que ayudan al archivado político de los anteriores.

No podría ser de otra manera si el propio titular del Poder Ejecutivo federal ha sido incapaz de justificar jurídica y políticamente sus peculiares formas de enriquecimiento, en particular las referentes a lo inmobiliario, en términos de presuntas herencias y donaciones familiares, de adquisición de una casa de descanso y, sobre todo, en el caso que marcará históricamente cuando menos la primera mitad del ejercicio peñista, el de la Casa Blanca, asunto que cumple exactamente hoy ocho meses de haber sido difundido en La Jornada (Pone casa a Peña y familia firma beneficiada con contrato de tren, decía el aviso superior de la contraportada), Proceso (revista que combinó dos temas en su portada: Ayotzinapa, la farsa de la PGR y Las Lomas, la casa del Presidente) y el portal de Aristegui Noticias (“La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, investigación especial” fue el título), sin que se haya producido ni una sola acción gubernamental que esclarezca el asunto y que hubiera hecho a los ciudadanos recuperar algo de confianza en los gobernantes, sus familiares y allegados.

Por el contrario, a pesar de las enfáticas y apasionadas declaraciones videograbadas de la señora Angélica Rivera de Peña, nada se ha sabido en cuanto a la anunciada venta de los derechos sobre la muy lujosa propiedad de las Lomas de Chapultepec (venta que aun cuando se hubiera realizado o estuviera por realizarse podría servir fácilmente para una simulación jurídica, incluso para devolver al contratista amigo los derechos de una mansión que se siguiera habitando hasta que años más adelante le fueran devueltos o vueltos a comprar). La improbable expectativa de que el aparato federal de contraloría indagara el asunto y eventualmente castigara las irregularidades o presuntos delitos fue borrada de forma grosera al nombrar como secretario de la Función Pública a un personaje menor, dependiente en absoluto de la voluntad y órdenes del supuesto investigado, EPN, su familia y facción, envuelto ese proceso de designación de Virgilio Andrade en un lamentable tufo carnavalesco, de burla abierta en fondo y forma.

Nada se castiga, pues, en la élite del poder, por más datos y evidencias que se presenten. Sólo minucias, como la sucedida con el procurador federal del Consumidor, Humberto Benítez, absolutamente prescindible, dado de baja el 15 de mayo de 2013 por un escándalo de influyentismo protagonizado por su hija Andrea en un restaurante capitalino; mismo Benítez que el 10 de junio de 2014 fue nombrado presidente del Colegio Mexiquense por el gobernador Eruviel Ávila. O el titular de Conagua, David Korenfeld, pillado fotográficamente en gozoso uso de un helicóptero de servicio público para menesteres particulares, como el traslado del funcionario y su familia a un aeropuerto para un viaje de vacaciones, sin que hubiera algo más que la destitución del culpable, que ha quedado en disposición de venideras reivindicaciones laborales, sin mayor pena.

Pero sí ha habido otros castigos: la investigación y denuncia de ese tipo de conductas, que en este sexenio constituyen una norma, sufrió un golpe importante y ejemplar, pues el equipo encabezado por Carmen Aristegui fue botado de la estación radiodifusora en que laboraba, MVS, empresa utilizada como mano de gato empresarial para sacar las castañas (blancas) del fuego periodístico. Ese ejercicio informativo y analítico de las mañanas mexicanas fue sustraído con violencia política de las frecuencias electrónicas, sin que otro concesionario de radio o televisión se haya atrevido a contrariar lo que así aparece como una orden superior, como una instrucción imperiosa proveniente de la cúspide del poder federal.

En ese contexto de impunidad institucionalizada, pandillerismo presupuestal y cinismo boletinado, el gabinete presidencial está constantemente sometido a señalamientos por el aprovechamiento de los cargos para beneficio personal. Sus dos principales personajes, virtuales vicepresidentes, uno encargado de lo político y policiaco (Miguel Ángel Osorio Chong y, en esa misma secretaría de Gobernación, el subsecretario todopoderoso, Luis Miranda) y otro de lo económico (Luis Videgaray), han eludido sin buenas formas los documentados señalamientos de su enorme prosperidad inmobiliaria. Pero puede revisarse (casi) cada secretaría del gabinete estricto y dirección general del ampliado y pueden encontrarse señalamientos de trafiques varios en favor de empresarios y particulares, en lances con visos de corrupción.

Ahora ha tocado el turno a Gerardo Ruiz Esparza, uno de los operadores económicos del grupo peñista, no sólo en el estado de México, donde fue secretario de comunicaciones durante el sexenio de EPN, sino en el federal, donde ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hombre de los dineros, porcentualmente ejecutivo, negociador de los contratos grandes, ha sido tocado por las filtraciones de grabaciones telefónicas que ya tumbaron a su antecesor en Toluca, Apolinar Mena, por el mismo asunto viscoso, OHL y sus regalos, uno de ellos, ínfimo en comparación con lo principal, de unas vacaciones en el mismo hotel de lujo propiedad de la firma española tan beneficiada por unos gobiernos sumidos en la corrupción y la impunidad. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx