La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se precise el término ‘‘abatir delincuentes’’, contenido en la orden de mando recibida por el batallón involucrado en los hechos de Tlatlaya, en los que 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército.

Además, resolvió la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Centro Pro de Derechos Humanos (Prodh) para que la Sedena evite en el futuro todas las órdenes que instruyan a la tropa ‘‘abatir delincuentes’’, o que en uso de un lenguaje similar incentive violaciones graves a los derechos humanos.

Por medio del oficio V2/49544, signado por el segundo visitador general de la CNDH y dirigido al titular de derechos humanos de la Sedena, el organismo público autónomo solicita informar el alcance, términos, carácter vinculante y vigencia de estas órdenes, así como notificar de la existencia de órdenes de similar naturaleza.

‘‘En caso de que existieran documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como ‘abatir’ u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, respetuosamente le solicito se revoquen o sean modificados en las partes conducentes a efecto de evitar ambigüedades en su acatamiento’’, señala parte del oficio divulgado ayer por el Centro Prodh.

La solicitud de la CNDH se da luego de que el centro, en un informe sobre el caso Tla-tlaya, divulgó por primera vez las órdenes de operaciones y de relevo y designación de mando que recibió el batallón involucrado en los hechos ocurridos en ese municipio mexiquense, y que señalaba textualmente: ‘‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario’’.

Ahora, la Sedena deberá responder en un plazo de tres días. ‘‘Esto abonará a la transparencia y rendición de cuentas por parte de la institución castrense, cuya responsabilidad, conforme a la cadena de mando, debe investigarse’’, señaló el Centro Prodh.

En un comunicado, la organización civil señaló también que ‘‘es ilustrativo que para la CNDH, cualquier directriz ordenada mediante el uso de lenguaje poco claro no previene violaciones a derechos humanos ni garantiza la seguridad jurídica de las personas’’.

Ayer mismo, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que conoció el documento del Centro Pro el mismo día en que fue dado a conocer, pero ya se incorporó al expediente que llevan del caso para ser analizado en su totalidad con la información íntegra solicitada a la Sedena.

Entrevistado al término de su participación en el seminario ¿Cómo están los derechos humanos en México?, organizado por El Colegio de México, informó de la solicitud de medidas cautelares a la Sedena; ahí, González Pérez declinó pronunciarse si en este caso deben ser investigados los altos mandos militares y se se limitó a señalar que la CNDH da seguimiento puntual a su recomendación, que hasta ahora se considera cumplida solamente de manera parcial.

En su intervención, y tras señalar que es evidente la crisis de derechos humanos que vive el país en algunas regiones, el presidente de la CNDH destacó que la impunidad y la corrupción que se advierten impiden que las ideas de justicia, equidad y legalidad permeen y se consoliden en nuestra sociedad.