Toluca, Mex.

El gobierno del estado de México informó que esta semana se definirán y publicarán las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en la entidad, para indemnizar a las tres mujeres –testigos de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, en junio del año pasado– que fueron víctimas de abuso y de tortura por parte del personal de la Procuraduría de Justicia estatal.

El titular de la dependencia, Alejandro Gómez Sánchez, informó que una vez publicadas las reglas de operación del fondo, las tres mujeres consideradas víctimas por los hechos posteriores a la masacre de Tlatlaya podrán acudir a la procuraduría para acordar, de manera conjunta, el monto de la indemnización.

La cantidad de la compensación que recibirán será diferente en cada caso, ya que depende de su condición socioeconómica, si tienen hijos en edad de estudiar, si tienen acceso a servicios de salud y otros elementos de su entorno social que analizarán para hacerles una propuesta.

Contactos con dos víctimas

Con dos de las mujeres, personal de la procuraduría ya ha tenido comunicación desde hace meses; sin embargo, en el caso de Julia –quien la semana pasada se presentó en una conferencia de prensa convocada por el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro– no se ha tenido contacto.

Este lunes, en conferencia de prensa, Gómez Sánchez insistió en que hasta ahora no se ha encontrado evidencia alguna que permita indicar que personal de servicios periciales de la procuraduría o policías ministeriales tuvieron algo que ver con la alteración de la escena del crimen, para hacer pasar este hecho como un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes armados contra efectivos del Ejército.

Aclaró, sin embargo, que aunque no se encontraron elementos de prueba para sustentar una acusación en el ámbito penal, el asunto sigue en investigación en el tema administrativo que definirá si hay responsabilidad del personal de la procuraduría en la alteración de la escena del crimen.

La procuraduría mexiquense informó que existe un proceso penal que se sigue en un juzgado de distrito, en contra de tres militares, a quienes se les acusa de haber manipulado la escena del crimen.

Alejandro Gómez recalcó la tesis de que cuando el personal de la Procuraduría llegó a la bodega habían pasado seis horas desde que ocurrieron los hechos.