Por más que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumente que en las instrucciones para los militares que participaron en el operativo Tlatlaya había llamados de respeto a los derechos humanos, es imposible que niegue que envió a sus elementos a abatir delincuentes en la noche, aseguró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro).

En respuesta al comunicado emitido por la dependencia el viernes por la noche, de que las instrucciones fueron proteger la vida de las personas, la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, sostuvo que la Sedena no puede negar la existencia de la orden al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, y que “abatir delincuentes es un incentivo para cometer violaciones graves a los derechos humanos.

Como ya lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos (de la Secretaría de Gobernación), Roberto Campa, el documento es auténtico, destacó el director de la organización no gubernamental.

Ante los cuestionamientos de la Secretaría de Gobernación porque se presentó ante los medios a Clara Gómez González, víctima-testigo en el caso, dijo que esto demuestra que hay instancias y funcionarios del Estado que no tienen experiencia en trabajo con víctimas.

La señora decidió dar la cara por primera y última vez, como ella misma dijo, cuando el Centro Pro presentó el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Además, advirtió que dada la condición de inseguridad y zozobra en que se encuentra, hacerse visible ante la sociedad y los medios de comunicación es su principal mecanismo de protección.

El director del Centro Pro reforzó ayer lo que señalaron en su informe, donde revelan la orden expresa y por escrito de abatir a delincuentes en horas de oscuridad.

Reconoció que en el diccionario abatir no es matar, pero el uso castrense que se da en el caso y en la operación militar en términos sistemáticos, indudablemente significa privar de la vida.

Reiteró que en el informe hay algunas disposiciones de derechos humanos en los dos documentos que dimos a conocer (el jueves), pero en absoluto neutralizan la orden de actuar de noche en forma masiva para abatir delincuentes.

Es más, agregó, las prohibiciones vinculadas con derechos humanos no forman parte del documento principal, sino que son un anexo. Por eso decimos que agregar disposiciones así significan una contradicción, pues deja al arbitrio del personal militar su interpretación.

El director del Centro Pro subrayó que la orden dada a los militares para actuar en Tlatlaya es ilegítima, ilícita y contraria a los derechos humanos.

El Estado pierde legitimidad

Patrón destacó lo dicho por el titular de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, de que no se puede sostener, de ninguna manera, en un Estado democrático de derecho, una orden de abatir delincuentes, porque es tanto como enviar a los oficiales a matar criminales.

También se pronunció por retomar lo planteado por Amnistía Internacional, que emplaza al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, para que emita su punto de vista (sobre el caso) y dé certeza a los mexicanos.

Finalmente, el director del Centro Pro precisó: “no defendemos delincuentes, ni estamos a favor del crimen organizado, como tampoco estamos solapando ni a favor de ningún tipo de violencia en absoluto. La condenamos.

Sin embargo, cuando el Estado, a través de sus instituciones, que tienen como mandato hacer cumplir la ley, generan la violencia, éste pierde legitimidad para garantizar los derechos de las personas. Y en un contexto de democracia, eso tiene que ser investigado y sancionado, apuntó.