Cuautitlán Izcalli, Méx.

Campesinos del ejido de Santa Bárbara, en este municipio, acordaron presentar una demanda penal contra Jorge Bernabé García Campos, presidente del comisariado ejidal, para que aclare el destino de más de 32 millones 800 mil pesos que el gobierno del estado de México le entregó por la indemnización de tierras que fueron ocupadas para ampliar la carretera Cuautitlán-Teoloyucan.

Elizabeth Pérez Bazán, tesorera del comisariado ejidal, detalló que el 3 de diciembre de 2013, García Campos le dio a firmar un convenio de indemnización por 19 millones de pesos, cuando en realidad el gobierno pagó más de 32 millones 800 mil pesos, según documentos obtenidos recientemente, de acuerdo con copias que mostró a los ejidatarios.

Por esta causa, ella dijo haber iniciado una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), debido a que fue falsificada su firma para rubricar el convenio que avala la cantidad mayor, pero de cuya existencia nunca se enteró.

La tesorera exhibió una copia certificada del convenio oficial fechado el 5 de diciembre de 2013, firmado por la Junta Local de Caminos y representantes del comisariado ejidal. En el documento se asienta la cantidad de 32 millones 800 mil pesos (no 19) como producto del pago de tierras; a 3 mil pesos el metro cuadrado.

La tesorera recordó que en una asamblea ejidal de enero de 2014, el presidente del comisariado aseguró haber recibido del gobierno 19 millones de pesos y que el metro cuadrado de tierras fue pagado en mil 750 pesos, lo que al parecer fue mentira.

En asamblea efectuada en enero de 2014, Jorge Bernabé dijo que a los 19 millones descontó 3 millones por pago de impuestos y 5.5 millones fueron destinados a los honorarios de una abogada, aunque con esta última no medió contrato laboral alguno, afirmó Elizabeth Pérez.

Los ejidatarios dijeron que en ese mes recibieron cheques personalizados por 50 mil pesos, pero que a varios aún no les han dado sus pagos, mientras algunos beneficiarios fallecieron y sus familiares no han cobrado la indemnización.

Con la presencia de policías municipales y estatales, pues se temía una agresión, la asamblea desarrollada por 108 ejidatarios fue testificada por visitadores de la Procuraduría Agraria. García Campos fue citado a la junta para aclarar cuentas, pero no llegó.

Con 101 votos en favor y siete abstenciones, la asamblea aprobó iniciar una demanda penal ante la PGJEM para que se se aclare en detalle el destino de esos 32 millones 800 mil pesos.