l consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva, recordó que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, posee la facultad de nombrar y remover a todos los funcionarios que integran su gabinete, por lo que es legal su decisión, anunciada la víspera, de pedir la renuncia de éstos. De acuerdo con el titular de la Consejería Jurídica, todos los miembros del gabinete legal y ampliado continuarán ejerciendo funciones en tanto el jefe de Gobierno define su permanencia con base en el análisis de su desempeño en el cumplimiento de tareas, metas y compromisos que les fueron asignados.

El anuncio referido puede ser interpretado, en principio, como una reacción al reacomodo al que obligan los resultados de las pasadas elecciones de jefes delegacionales y diputados locales. Aunque la reconfiguración del mapa político en la capital del país es una realidad innegable, con la que el régimen local tendrá que manejarse durante el siguiente trienio, cabe desear que la restructuración esté siendo considerada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal como una forma de dar respuesta a los desgastes, estancamientos y erosión que enfrenta su administración después de dos años y medio de ejercicio.

En efecto, el desplazamiento de las simpatías electorales en la capital hacia una nueva opción política de izquierda puede interpretarse como consecuencia del descontento ciudadano ante las inconsistencias de autoridades –la jefatura de Gobierno y las delegacionales– que, aunque ofrecieron mantener posturas progresistas, han permitido y auspiciado el avance de las privatizaciones de bienes y servicios públicos y el encarecimiento de servicios, y que han manejado en forma cuestionable los conflictos y la protesta social.

En el segundo de esos ámbitos se presenta una tendencia hacia la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y los excesos represivos, elementos que parecían haber quedado en el pasado en la ciudad de México y que han sido, sin embargo, recurrentes: desde las detenciones de manifestantes ocurridas el primero de diciembre de 2012 hasta las agresiones policiales de hace unos días en contra de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. La percepción de que muchas de las detenciones efectuadas en el contexto de las manifestaciones de protesta en la capital han obedecido más a motivos políticos que a consideraciones jurídicas ha minado la legitimidad de las autoridades locales. Pero al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que las instituciones locales encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública no dependen únicamente de la autoridad capitalina, ya que el nombramiento de los titulares respectivos requiere el aval del gobierno federal y que éste posee la facultad legal para removerlos.

En cualquier caso, cabe esperar que la restructuración del gabinete anunciada el jueves permita al Gobierno del Distrito Federal recuperar el terreno perdido en su relación con la ciudadanía e incluso en el ámbito de la popularidad y la buena imagen. Para ello es necesario que la autoridad se desenvuelva con una clara visión social, incluyente y respetuosa de las libertades y garantías individuales.