El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el último bloque de amparos contra la reforma educativa, y con ello validó en sus términos la evaluación obligatoria de los maestros.

Al revisar los últimos 12 amparos colectivos, de un total de 26 asuntos que atrajo, los ministros declararon la constitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente luego de seis sesiones de trabajo.

De acuerdo con fuentes judiciales, una vez que los ministros aprueben el engrose de los 26 amparos que resolvieron y emitan las tesis correspondientes, los tribunales colegiados estarán en condiciones de resolver, es decir, negar los más de 7 mil recursos presentados por los docentes.

Ministros consultados revelaron que el ministro instructor Fernando Franco les prometió que elaborará el engrose de los amparos a la brevedad posible, lo cual podría darse antes de que termine este mes.

Al término de la sesión, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, anunció que la Corte solicitó a los tribunales colegiados que si consideran que hay otros amparos en los que existan temas que no fueron abordados por el pleno, los envíen al máximo tribunal para que, si son realmente novedosos, puedan ser analizados y, en su caso, resueltos por el pleno.

Aguilar explicó que los quejosos que presentaron los amparos entregaron un escrito en el que solicitan a la Corte que atraiga otros asuntos en los que habría temas que no fueron revisados.

Sin embargo, funcionarios judiciales consultados señalaron que los tribunales colegiados ya habían realizado un análisis de las demandas y que los ministros prácticamente revisaron la totalidad de los temas planteados en las más de 7 mil querellas presentadas, por lo que son muy pocas las posibilidades de que la Corte conozca nuevos amparos, y más difícil aún que dé la razón a los quejosos.

Ayer, en 35 minutos los ministros reiteraron sus votaciones y negaron los 12 amparos pendientes de resolver.

De esta manera, la Corte validó que los maestros que no pasen una tercera evaluación (después de dos intentos) sean reubicados –quienes cuenten con nombramiento definitivo antes de la promulgación de la reforma en 2013– o separados del cargo –quienes tengan nombramiento provisional.

El pleno determinó también que la evaluación es obligatoria y que quien no la presente será separado del cargo, además de que el sindicato magisterial no puede intervenir cuando un maestro no apruebe los exámenes correspondientes.

También resolvió que en caso de que alguien no pase la tercera evaluación, tiene un plazo de 10 días naturales para presentar a la autoridad correspondiente las pruebas que a su derecho convengan, y que de haber inconformidad podrá impugnar los resultados por la vía judicial.

El principal argumento de los ministros para avalar la reforma fue que ésta tiene como objetivo central mejorar la calidad de la educación, y que, por tanto, debía prevalecer el interés superior del niño ante la posible afectación de los derechos de los docentes.