Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno federal un ‘‘plan de salida’’ del Ejército de las actividades policiacas e investigación que desde hace más de 20 años viene realizando en el país. Además, denunciaron que México, de facto, vive un ‘‘estado de excepción’’, donde existen órdenes directas de mandos militares de ‘‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’’.

El colectivo de organizaciones aseguró que el ‘‘abatimiento’’ de civiles como presuntos delincuentes es una ‘‘política de Estado’’, y lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya confirma que no se trata de un hecho aislado, como se pretende difundir.

Insistieron en que el hallazgo de la orden de relevo y designación de mando en esa matanza obliga a una investigación, pues órdenes de ese tipo no se sostienen en un estado democrático de derecho. Condenaron la violencia de cualquier lugar que proceda, pero dijeron que es mucho más grave la que se ejerce desde la estructura del Estado.

En la conferencia estuvieron, entre otros, Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional México; el sacerdote Miguel Concha, del Centro Fray Francisco de Vitoria; José Antonio Guevara, del Centro Mexicano de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Haydeé Pérez, de Fundar Centro de Análisis e Investigación; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Ernesto López Portillo exigió este plan de salida para que digan cómo y cuándo las fuerzas armadas dejarán tareas policiacas y de seguridad que no les corresponden. Pero sostuvo que la ‘‘debilidad estructural’’ de las corporaciones policiacas para que tomen dichas tareas es una ‘‘decisión de Estado’’.

En este sentido, el sacerdote Miguel Concha aseguró que los mexicanos ‘‘no queremos un Ejército en estado de excepción; queremos un Ejército actuando dentro del marco de derecho”. Dijo que la Procuraduría General de la República no puede permanecer insensible después de esto, y tiene la obligación institucional y política de citar a declarar a la cadena de mando para que explique el contenido de esas órdenes dadas a los militares en Tlatlaya.

José Antonio Guevara, del Centro Mexicano de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, tras citar datos oficiales que revelan que cuando menos 4 mil 263 civiles han sido ‘‘abatidos’’ o víctimas colaterales durante enfrentamientos con el Ejército de 2006 a 2014, insistió en que el asesinato forma parte de los medios empleados para ejecutar la política de seguridad y el combate al narcotráfico.

Mario Patrón, del Centro Pro, señaló que la orden de abatir a los delincuentes en horas de oscuridad, no se sostiene en el propio derecho internacional humanitario que rige todos los conflictos armados o los internos en las naciones. “Estamos viviendo, de facto, en un estado de excepción que está constituido por este tipo de órdenes de operación, que son un incentivo a violaciones graves de derechos”.

Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional México, aclaró que las organizaciones de derechos humanos no pretenden que se dejen de realizar las labores de seguridad, sino que se hagan dentro del marco del estado de derecho.