Los militares que participaron en el caso Tlatlaya, donde murieron 22 civiles, tenían la orden expresa y por escrito de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’, reveló el Centro Pro de Derechos Humanos, quien ayer hizo pública la orden de relevo y designación del teniente que iba al mando del grupo castrense.

Al presentar el informe Tla-tlaya a un año: la orden fue abatir, se señala la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército en estos hechos, que se inicia con los militares directamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, pero que llega al mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

En la conferencia de prensa convocada para dar a conocer dicho informe, también se presentó por primera vez en público la señora Clara Gómez González, testigo sobreviviente conocida hasta ahora solamente como Julia, cuyo testimonio fue crucial para conocer la masacre cometida en la bodega de El Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El informe del Centro Pro contiene la carátula de la orden recibida por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VII se lee: ‘‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario’’.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro, informó que este documento, dirigido al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, junto con otros, fue obtenido de manera legal mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense, y obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando presente en la institución castrense.

Sobre todo, añadió, porque en el propio expediente el término ‘‘abatir’’ es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida. ‘‘Por ello, el esclarecimiento de Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias’’, se dijo durante la presentación.

El informe –dividido en cinco apartados– expone los principales rezagos en materia de verdad, justicia y reparación respecto del caso Tlatlaya. Pero, además, contiene 11 recomendaciones. Algunas de ellas, según informó el director del Centro Pro, ya se iniciaron. Por ejemplo, ayer mismo se formalizó una solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cite a la cadena de mando militar que actuó el día de los hechos, y explique el contenido de la orden de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’, justo para determinar la responsabilidad institucional del Ejército.

Otra es la petición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares a fin de que la Sedena evite que se sigan generando órdenes como la de Tlatlaya, pues son un incentivo a que se cometan graves violaciones a los derechos humanos.

Se solicitó por una parte a la Corte Penal Internacional que, con base en este informe, evalúe la oportunidad de instruir una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, pero por otra se pidió a la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emita un llamamiento urgente sobre este caso para que se evite este tipo de órdenes a los militares.

Para poder determinar la dimensión de lo ocurrido, el Centro Pro solicitó que se cree una comisión de expertos independientes, que permita conocer con exactitud el número de personas que fueron ejecutadas, pues hay divergencias entre la PGR, que dice que fueron 8, y la CNDH, que señala que fueron entre 12 y 15.

En su intervención, la señora Clara Gómez denunció un ‘‘manejo irresponsable’’ en torno a la información que se ha dado por las dependencias oficiales –como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas–, que la ubican como una de las personas que han recibido una ‘‘indemnización millonaria’’, lo cual desmintió.

Responsabilizó al gobierno mexicano de cualquier daño a su integridad, pues la colocan en un estado de mayor vulnerabilidad. Asimismo, esta persona, identificada hasta ahora solamente como la testigo Julia, reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años de edad que fue privada de la vida en los hechos de Tla-tlaya, quien no ha sido considerada víctima pese a que hay indicios de que el cuerpo y evidencias fueron manipulados.

Cinco apartados del informe

Primero. ‘‘Justicia incompleta y ausencia de verdad’’, donde se refieren las razones que impiden tener el caso por resuelto, como las significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales.

Segundo. ‘‘Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército’’, donde con pruebas documentales se comprueba la existencia de órdenes castrenses que propiciaron graves violaciones a derechos humanos en Tlatlaya.

Tercero. ‘‘Indebida extensión del fuero militar’’, donde se señala cómo Tlatlaya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar.

Cuarto. ‘‘Revictimización’’. Ahí se alude a la ausencia de un trato digno para las víctimas.

Quinto. Es el referente a las recomendaciones, donde el Centro Pro propone una ruta para revertir la impunidad y generar verdaderas garantías de no repetición.