or no escuchar los justos reclamos del Movimiento Estatal de Mujeres, el Congreso de Chihuahua aprobó reformas legales que atropellan los derechos humanos; por ceder a la intolerancia de los grupos conservadores y la jerarquía católica, también los estará atropellando; y los vuelve a violar restringiendo el derecho de las y los ciudadanos a una candidatura independiente.

Hace un año, el Movimiento Estatal de Mujeres advirtió a los poderes Ejecutivo y Legislativo la grave problemática que entrañaba el proyecto de reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua.

Las reformas al Código de Procedimientos Civiles fueron hechas a la carta para agiotistas, banqueros, rentistas, aboneros, fraccionadores y vendedores de vivienda orientados solamente al lucro. Con el pretexto de agilizar los juicios, en realidad se aceleró el proceso de despojo del patrimonio familiar, haciendo más expeditos procedimientos como el de notificación, embargo, venta judicial, en beneficio de los acreedores y en perjuicio de las familias. Sin tomar en cuenta la realidad de crisis económica permanente, empleos mal pagados, carestía generalizada de la vida, se criminaliza a los pobres, a los deudores, a quienes no pueden honrar sus compromisos económicos por haber perdido el trabajo o no alcanzarles su salario. Se convierten las deudas civiles en penales.

Las reformas al Código de Procedimientos Familiares resultaron conservadoras y discriminatorias. Consagran el dominio del varón adulto en la familia y favorecen la reproducción de relaciones de violencia dentro de la misma en contra de mujeres, de niñas y de niños No contemplan procedimientos ágiles y precisos para el reconocimiento legal de la paternidad ni para garantizar el pago de pensiones alimenticias.

A pesar de la oposición activa y fundamentada del Movimiento Estatal de Mujeres y varias organizaciones civiles, el Congreso del Estado se salió con la suya y el gobernador César Duarte promulgó las reformas el 23 de julio del año pasado.

En respuesta, el Movimiento de Mujeres tuvo que acudir a instancias nacionales e internacionales a denunciar esta situación y pedir su apoyo. Así, la semana pasada, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) notificó a los tres poderes de Chihuahua el primer pronunciamiento emitido en toda su historia en relación con leyes violatorias de derechos humanos en México, referidas a diversos artículos incluidos en los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua, los cuales entrarán en vigor el próximo 16 de agosto. Adoptó, por unanimidad, el acuerdo 03-08/12/2014 en el cual enuncia siete temas por los cuales “las reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua […] carecen de una perspectiva de género y de derechos humanos”. Al mismo tiempo insta a los tres poderes a revisar dichas reformas y a adoptar las medidas que sean necesarias para que las mismas, antes de entrar en vigor, incluyan una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.

Contumaz en su negativa a reconocer los derechos de todas y todos, la semana pasada también, el Legislativo chihuahuense volvió a las andadas. Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia que hace necesario un cambio en la legislación para hacer efectivo el derecho de todas y todos al matrimonio, independientemente de su preferencia sexual, se negó a legislar en la materia. Esto por la presión de los grupos conservadores y la jerarquía católica, a la que el gobernador Duarte consagró el estado de Chihuahua hace dos años. Así, en esta entidad, las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio sólo podrán hacerlo acudiendo al amparo de la justicia federal.

No desaparecía aún la polvareda de las lamentables posturas del Congreso la semana pasada, cuando el lunes 29 los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados del PVEM, PT, PRD, Panal y Movimiento Ciudadano impusieron reformas constitucionales en materia electoral, que también resultan violatorias a los derechos humanos. En una especie de vacuna contra la bronquitis y previendo la disidencia de precandidatos a la gubernatura descontentos con el tricolor, la mayoría del Congreso, con excepción del PAN, puso varios candados a las candidaturas independientes. El más importante: que quienes pretenden figurar como candidatos independientes no hayan sido dirigentes nacionales, estatales, municipales, militantes o simples afiliados de algún partido político en los tres años anteriores al día de la elección. Además, contra toda la demanda ciudadana de reducir el número diputados, la reforma del PRI y sus aliados lo aumenta de 33 a 36 y para pagar el favor a sus partidos cómplices en el atropello legislativo se baja a 2 por ciento el mínimo para que un partido mantenga su registro. Esta reforma la llevaron a cabo el PRI y su cargada atropellando el procedimiento parlamentario en varios puntos.

El Congreso de Chihuahua, dominado por el PRI y sometido al gobernador, ha estado llevando a cabo una sistemática suspensión de los derechos ciudadanos simultáneamente a una expansión de los privilegios partidistas. De seguir así el Congreso, las y lo chihuahuenses ya ni siquiera van a confiar en el amparo de la justicia federal. Para ellos no habrá más que el Dios nos ampare.