a frontera entre México y Guatemala se fijó oficialmente el 27 de septiembre de 1882. Las diferencias de la zona entre aquel remoto día y el de hoy se observan en la expansión demográfica de medianas y pequeñas ciudades, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Arriaga, Palenque, Tenosique, así como la enorme corrupción oficial y criminalidad que las ha inundado y que tiene como uno de sus ejes la explotación de las migraciones ilegales, que incluyen por supuesto al tráfico de personas.
Otra diferencia es la destrucción ecológica de los Montes Azules, de la Selva Lacandona y de sus grandes ríos, Suchiate, Ixcan, Lacantún y Usumacinta. También hacen diferencia los asentamientos humanos irregulares y puntos de cruce transfronterizos que se han venido consolidando sin proyecto.
Para nuestros vecinos en Centroamérica, los orígenes del deterioro de la calidad de vida con gran efecto sobre la situación de México son: la pobreza de la zona producto de explotaciones extranjeras centenarias, inestabilidad política, dictaduras, cacicazgos, militarismo, instituciones frágiles, campañas persecutorias, revoluciones, guerras intestinas y bilaterales, crecimiento demográfico y, en décadas recientes, narcotráfico y sus derivaciones delincuenciales.
En los pasados 30 años se han dado problemas en la zona limítrofe que han sacudido a nuestra conciencia nacional: El ataque de militares guatemaltecos en abril de 1984 a un poblado de indígenas de esa nacionalidad llamado Chupadero, ubicado en territorio mexicano, que provocó un serio incidente político con Guatemala; el alzamiento del EZLN a principios de 1994 y actualmente las migraciones masivas centroamericanas y su ofensivo símbolo de desgobierno, el indignante ferrocarril llamado La Bestia.
Para enfrentar ese caos, se han dado muchos palos de ciego. Visitas recíprocas de los presidentes mexicanos desde por lo menos Echeverría hasta Peña Nieto y de los centroamericanos, todos. La creación de comisiones, programas, el absurdo Plan Puebla-Panamá que Fox soñó y que en 2006 fue refrendado por Calderón.
Como respuesta a las numerosas presiones, justas y ruidosas de presidentes centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, el presidente Peña Nieto creó hace un año, en julio de 2015, una coordinación
, otra, para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur que confió al senador tabasqueño Humberto Mayans.
La coordinación se propone, sin recursos presupuestales, pero sí con una esplendente burocracia, atenuar el candente problema de las migraciones ilegales procedentes de Centroamérica y sus consecuencias sobre terribles violaciones a derechos humanos.
Paradójicamente, las estaciones de detención migratoria de la Secretaría de Gobernación están atestadas y en condiciones infrahumanas y las deportaciones están creciendo: en 2013 fueron 6 mil 700; en 2014 subieron a 113 mil 600, y terminará 2015 con un estimado de 150 mil, según datos del Instituto Nacional de Migración. ¿Entonces?
La presión migratoria en nuestra frontera y sus efectos sobre la calidad de vida de las comunidades: seguridad, justicia, respeto a la vida individual y comunitaria, trabajo digno y protección del hábitat se agrava, por más que casi haya desaparecido de los comentarios noticiosos. La situación no podría haberse resuelto en un año; sin embargo, el conflicto ha sido acallado políticamente.
Ya deberíamos haber aceptado que el arribo de migrantes es un problema con el que tendremos que aprender a vivir dignamente. No existe forma realista de impedir la migración. Verdad dura, pero irrefutable. Los caminos seguidos hasta hoy para controlar la frontera sencillamente han fallado, entre otras cosas por no reconocerse sus realidades y por falta de la visión y decisión geopolítica que demandaría una solución de ese orden.
Esta idea vagamente expresada convoca a pensar en la frontera norte, donde de manera recíproca los migrantes ilegales sufren análogas violaciones a sus derechos humanos. Aunque usando una sordina, hemos sido reclamantes de ello, como hemos sido sordos y simuladores en la frontera sur.
México, formas aparte, en su política exterior no ha dado prioridad a Centroamérica y al Caribe. Nos hemos limitado a simular y exportar criminalidad. Las nocivas consecuencias, además del resentimiento que hemos provocado, están a la vista: un preocupante desarreglo en la vida pública de aquella región.
Ante este panorama, la creación de la comisión mencionada es sólo un acto más de simulación de la fantasía peñista. El fin específico de ella sería laudatorio, pero de ninguna manera podrá reducir las consecuencias de un caos generalizado en la coexistencia que demanda verdaderamente de una visión geopolítica, coparticipativa, de gran aliento, que no se ha tenido.
Sí, colaborar con los gobiernos centroamericanos es delicado y frecuentemente infértil, pero la verdad es que no hemos querido reconocer que la globalización no es sólo un tema con ese primer mundo al que queremos adherirnos.
La globalización es también con Centroamérica y el Caribe. De esta manera, ante la complejidad del conflicto fronterizo, la creación de la comisión ha demostrado aproximarse a una burla.
