ara el primer día de julio, con Grecia declarada en situación de mora por el FMI y habiendo suspendido las operaciones de los bancos y limitado el acceso a los depósitos, se llegó a la situación que, al menos en apariencia, todo mundo deseaba evitar.

Al respecto, parece haberse ya dicho todo: lo razonable y lo errado. Empero, algunas cuestiones apenas se conocen y abundan las que han sido distorsionadas en forma deliberada. Éstas se refieren, en particular, a ciertas decisiones de las autoridades de Grecia y a las consecuencias para su economía, para el euro y para las finanzas y la economía mundiales de este episodio, que más se asemeja al teatro del absurdo que a la tragedia clásica. También a principios de julio continuó la presentación de iniciativas, como la solicitud de un crédito de mediano plazo para Grecia proveniente del Mecanismo Europeo de Estabilidad; reacciones, como el rechazo inmediato a la misma por voceros de las instituciones: la Comisión y el Banco Central europeos y el FMI –a las que ha dejado de denominarse la troika–, y rumores de todo tipo, como el referido a la cancelación del referendo del 5 de julio.

Conviene, por tanto, recordar primero algunos de los asuntos de fondo, que subyacen bajo el intenso remolino de declaraciones y especies de las últimas semanas, para pensar después en las opciones de salida que aún existen.

Para el inicio me apoyo en uno de los textos recientes más lúcidos: el artículo de Amartya Sen, premio Nobel de economía 1998, disponible desde principios de junio en el portal de la revista New Statesman. Sen contrasta la forma en que las instituciones y los gobiernos de la Eurozona han respondido a la situación de Grecia con dos momentos del pasado: las reparaciones impuestas a Alemania tras la primera guerra mundial y, en los años treinta, la decisión de reducir el gasto público en Estados Unidos y otros países avanzados, ante las secuelas de la Gran Depresión.

La actitud ante Grecia recuerda a la asumida frente Alemania en Versalles: imposición de reparaciones excesivas y otras exigencias irrazonables, envueltas en un lenguaje que apenas disfrazaba el deseo de dictar una lección de buena conducta. Como entonces, escribe Sen, la retórica de alto vuelo con que se favoreció la imposición de una austeridad excesiva a Alemania encuentra eco ahora en la relativa a la necesidad de imponer la austeridad como forma de evitar las derivas económicas y morales en Grecia. Se conocen bien las consecuencias desastrosas de Versalles, que desembocaron en el Tercer Reich.

El segundo de los momentos recordados por Sen corresponde a los días de la Gran Depresión en los años 30, cuando la reducción del gasto público se planteó como la solución, más que reconocerla como el problema. Entonces, como ahora, la expansión, más que la reducción, del gasto público puede ser eficaz para fortalecer el empleo y la actividad en una economía con capacidad y oferta de trabajo ociosas. Entonces, como ahora, la forma más efectiva de reducir los déficit es evitar la recesión y combinar la reducción del desequilibrio con crecimiento económico rápido. No es una combinación inalcanzable: los enormes déficit que aparecieron tras la segunda guerra mundial fueron superados rápidamente con el vigoroso crecimiento de los años de posguerra.

“La gran falla epistémica de olvidar las lecciones del pasado –concluye Sen– se manifiesta no sólo en los cambios de rumbo equivocados de las autoridades financieras, incluyendo al Banco Central Europeo, sino en el déficit democrático en la Europa de nuestros días”, donde las grandes decisiones económicas se adoptan al margen del debate abierto, en instituciones que rara vez rinden cuentas. Este déficit resultó evidente en la reacción de diversos gobiernos y analistas europeos ante el anuncio de que el gobierno griego sometería a referendo la aceptación de los términos de entendimiento que, tras no pocas reuniones de negociación, le plantearon las autoridades europeas hacia finales de junio. Es claro que el gobierno griego no se consideró autorizado a aceptar condiciones que se apartaban mucho del mandato recibido en las urnas hace algunos meses. Acudió entonces al medio por excelencia de la democracia directa –el referendo– para obtener una ratificación del mandato de la elección u otro diferente. A este respecto se generalizó la lectura, errónea y mal intencionada, de que lo que se preguntaba a la ciudadanía griega era si prefería continuar dentro del euro y la institucionalidad europea o abandonarla.

En todo momento, como queda en claro en los textos divulgados tanto por las autoridades griegas como por la Unión Europea en sus respectivos portales, el gobierno griego ha buscado la elusiva combinación de un proceso ordenado de reducción del déficit, restauración pronta del crecimiento de la actividad económica y el empleo y detención del deterioro progresivo de los niveles de vida de amplios sectores de la población.

Piénsese en la demanda griega de una nueva renegociación de la deuda: ampliación suficiente de plazos, reducción de los niveles de rédito y cancelación considerable del principal. Son estos los pilares que distinguen a las renegociaciones exitosas, comenzando por la de Alemania en los años 50. Piénsese además en la disposición a elevar los ingresos impositivos, mediante cargas adicionales a los perceptores de ingresos elevados y a las grandes empresas y la resistencia a alzas generalizadas del IVA, con efectos regresivos evidentes. Piénsese también en la negativa a afectar los ingresos de trabajadores y empleados jubilados, como principal forma de reducir el gasto corriente gubernamental.

La lectura de los documentos que expresan las demandas de los acreedores muestran que éstos no sólo persiguen, como a menudo se asegura, que Grecia cumpla con sus obligaciones de pago, sino que la carga de hacerlo sea soportada por los sectores más vulnerables.

En la perspectiva del referendo de 5 de julio –que ahora se rumora sería suspendido por el gobierno griego, temeroso, se dice, de que resulte en una aceptación de los términos de acuerdo planteados por los acreedores– pareciera prudente esperar a que los griegos decidan. Rechazar las condiciones de finales de junio podría conducir a negociar una extensión temporal del programa vencido ese mes en paralelo con un crédito de mediano plazo proveniente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, a cuyos fondos Grecia ha contribuido. Para ello se requeriría, desde luego, que las instituciones aceptasen que se requiere adoptar un nuevo enfoque, a lo que hasta ahora se han negado, sin explicaciones que vayan más allá de las lecciones de supuesta buena conducta.