20 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), en cuyos comienzos se bombardeó sistemáticamente a la sociedad mexicana en el sentido de que nos traería desarrollo verdadero, avances y crecimiento económicos sin precedentes respecto del pasado en el país, que evitaría limitaciones y distorsiones de la sociedad, tal como la tremenda desigualdad social entre los diversos sectores, así como el crecimiento de la pobreza y la indigencia, los resultados no pueden ser más negativos, ya que ninguna de esas fantasiosas predicciones se cumplió, las cuales sólo pecaron de malintencionadas.

La fuerza de trabajo, que se dijo sería fortalecida en ese esquema de economía, se debilitó y no se crearon nuevas oportunidades. El empleo decayó al grado de que no fueron creados los millones de puestos de ocupación prometidos y de que, por el contrario, los existentes y los muy parcos que han surgido son precarios o informales, y registró resultados por completo adversos al genuino desarrollo nacional. El balance de estos 20 años transcurridos desde la firma del Tlcan entre los presidentes de Estados Unidos y México, y el primer ministro de Canadá, son la muestra más evidente de la incapacidad de un esquema neoliberal para propiciar el avance de nuestra economía y de nuestra sociedad. Ello exige cambiar de modelo económico de manera imperativa y urgente.

Los salarios de México se han ido al fondo, cuando también sus impulsores prometieron que serían de primer mundo, lo cual fue una falsedad, ya que no sólo nunca se acercaron a los niveles de aquellos, sino que cayeron al último lugar de los que se perciben en América Latina entera, incluidos los de países de menor desarrollo y mayor pobreza de la región, como Haití. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico, que cayó de 6 o 7 por ciento anuales a un magro 2 por ciento o menos, lo cual ha tenido impactos muy severos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, sin hablar de que se cancelaron las expectativas de nuevos avances.

Todos somos testigos de este panorama de fracasos, donde sólo ha habido beneficios para las empresas que exportan mercancías y servicios al mundo, agudizando aún más la concentración de la riqueza en pocas manos. Y donde se trata de productos que casi siempre son obra de la maquila subordinada a las grandes inversiones extranjeras en México, tras de lo cual habrán de venir los resultados de la reforma energética que enajenarán los beneficios petroleros a manos ajenas, y ya no del país, pese a las deformaciones en medio de los que se aprovecharon en el pasado. Por todo ello reafirmamos nuestra insistencia en la necesidad de que se cambie el modelo económico en el que desde hace más de 20 años se mueve al país.

En el mundo entero, la de México ha sido una situación que se observa con preocupación y alarma. Las grandes organizaciones del trabajo, comenzando por la tripartita OIT –gobiernos, empresas y sindicatos–, han expuesto sus preocupaciones y reservas hacia la situación mexicana en todos los tonos posibles. Entre otras destacan la Confederación Sindical Internacional (CSI), el IndustriALL Global Union y la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Los derechos laborales entran en estas observaciones de manera preeminente. Su cumplimiento y aplicación en México, han señalado, indican que se violan frecuentemente, tanto por la conducta del gobierno como de las empresas a las que apoyan los mismos gobernantes, seguidos de la complicidad de sindicatos y centrales obreras que han extraviado el rumbo y dejado de defender los intereses de sus trabajadores agremiados. Esto da por resultado que el gobierno, sobre todo en la llamada docena trágica del Partido Acción Nacional en el poder, no protege los derechos de la mano de obra, fracasa en hacer cumplir las leyes laborales y deja a los trabajadores con muy pocos recursos de acción en su lucha por el respeto a la libertad de asociación, contra las malas condiciones de trabajo y en defensa de la contratación colectiva.

En este sentido, se han fortalecido, en vez de ir desapareciendo, tanto los contratos como los sindicatos de protección patronal, los cuales son un grave problema en todos los sectores, que ven en ellos que por su existencia se oculta a los trabajadores tanto los términos de esos contratos de protección como el hecho de que, sin saberlo, son miembros inertes de los organismos formalmente sindicales, a los que los enrolan sin su conocimiento y menos su aprobación deliberada y consciente. Con ello las empresas manipulan en su favor las relaciones laborales y someten el factor trabajo a las condiciones más lesivas y desventajosas que son posibles.

Aunado a ello, diversas organizaciones sindicales se inconforman en México sin resultados tangibles, ante la participación abierta y usualmente hostil de las autoridades, cuando aquellos intentan crear gremios independientes no controlados por el patrón ni por el gobierno, ni por las centrales sindicales que están en este juego de complicidades, o cuando pretenden que las situaciones de los sindicatos blancos existentes sean modificadas en favor de los intereses de los agremiados. No sólo las empresas y el gobierno utilizan grupos violentos para aplastar cualquier intención de cambio, sino que antes usan los recursos del despido, la hostilización laboral y la cláusula de exclusión para reprimir a quienes luchan contra este estado de cosas.

Lo mínimo que se puede demandar es que no debemos dejarnos llevar por ese camino, porque por esa senda sólo nos aguarda una gran crisis social, de proporciones escalofriantes. El gobierno, todas las empresas y lo que resta de las organizaciones sindicales con alguna dignidad deben reaccionar con prontitud y energía contra esta situación. No es posible mantener los mismos esquemas de funcionamiento con que hasta hoy han operado, ya que son sinónimo de desorden económico y social, y son el camino de la pendiente negativa para México.