Hasta ahora, en los informes parciales presentados por la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no sólo se advierte que la investigación del caso Ayotzinapa debe continuar, sino que la llamada ‘‘verdad histórica’’ presentada por el gobierno federal presenta serias y múltiples inconsistencias, además de que obliga a abrir nuevas líneas de investigación, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Dijo que el trabajo realizado por la misión –enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– ha sido fundamental en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero la negativa o retraso del gobierno federal para facilitar información al grupo de expertos es un ‘‘foco de alerta’’ que debe atenderse, dijo.

Rosales Sierra adelantó que aun cuando el mandato de la misión de expertos concluye el próximo 2 de septiembre, previa presentación de un informe final y una serie de recomendaciones, los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos solicitarán una prórroga de seis meses más.

En entrevista, el abogado destacó una serie de temas abordados en el reciente informe del GIEI, entre los cuales citó la entrevista que han solicitado con los elementos del Ejército (28 batallón de infantería) que estuvieron presentes en Iguala el día de los hechos. Dijo que hay preocupación entre el grupo de expertos por la negativa o cuando menos el retardo injustificado del gobierno para autorizar ese encuentro.

Señaló que estas entrevistas son ‘‘fundamentales’’ para dilucidar cuál fue el verdadero objetivo de la presencia del Ejército ese día en el lugar de los hechos. ‘‘Nosotros sabemos que los elementos militares estuvieron en el hospital Cristina cuando abordaron a los estudiantes, pero también tenemos datos de que estuvieron en otros puntos de la ciudad (Iguala), en horas inmediatamente posteriores a la agresión’’.

Además, el abogado destacó las denuncias de tortura en contra de al menos 40 detenidos por los hechos de Ayotzinapa, lo cual revela que las declaraciones en las que se sustenta la versión oficial ‘‘son endebles’’, pues fueron producto de la coacción. ‘‘Entonces es aquí donde se cae a pedazos esa presunta verdad histórica, puesto que si las declaraciones fueron extraídas de manera coaccionada carecen de todo valor y de toda veracidad’’.

Otro de los puntos que el abogado Rosales destacó del informe del GIEI fue la larga lista de solicitudes de información que no han sido atendidas por el gobierno. ‘‘Porque si ahorita que todavía (el grupo de expertos) no han cuestionado de manera drástica la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) ya se presentan estos obstáculos, al rato, cuando de alguna manera llegaran a encontrar elementos contundentes que disten de esa versión, entonces se pueden presentar mucho mayores obstáculos a los expertos entorpeciendo su trabajo’’.

Dijo que estos informes han dejado en claro que los jóvenes normalistas, el día de los hechos, no iban al centro de Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, ni a un enfrentamiento con algún grupo delincuencial, como señala la versión oficial. El interés era obtener camiones para trasladarse a la ciudad de México y asistir a la movilización del 2 de octubre.