Madrid.

España se convirtió este martes en un país en el que las manifestaciones estarán prohibidas y serán objeto de multas millonarias actos hasta ahora comunes en las protestas y reivindicaciones públicas contra la corrupción y la austeridad al entrar en vigor la polémica ley mordaza, impulsada por el gobierno del derechista Mariano Rajoy, que aprobó gracias a la mayoría absoluta de su Partido Popular (PP).

Miles de personas, convocadas por la plataforma No Somos Delito, protestaron contra la legislación, que busca criminalizar a los colectivos más activos del país en su lucha contra las políticas de austeridad. Greenpeace desplegó una gran pancarta en una grúa situada junto al Congreso de los Diputados de esta capital, con lo que los activistas corren el riesgo de ser penalizados.

Los defensores de la prensa están preocupados porque la ley obstaculice a los periodistas, porque establece multas por uso no autorizado de imágenes de la policía, sean en vivo o grabadas.

Al entrar en vigor la nueva Ley General de Seguridad Ciudadana se endurecen las sanciones y se restringen a lo ancho y largo los actos y convocatorias para denunciar o protestar. Para la mayoría de los colectivos sociales y de todos los partidos de oposición se trata de una ley mordaza, con tintes franquistas (la dictadura de Francisco Franco se extendió de 1939 a 1975), que pone en evidencia la desesperación, torpeza y nerviosismo del gobierno español ante el descontento social por sus políticas de austeridad y los recortes a los servicios públicos básicos.

A partir de este martes, cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que realice actos de protesta o convoque a una marcha en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o de cualquier sede gubernamental podrá estar sujeto a una multa de hasta 600 mil euros (unos 10 millones de pesos mexicanos). También se sancionará a quien realice plantones en calles centrales, fotografíe, filme o difunda imágenes de policías; quien lleve a cabo acciones de boicot o protesta en centrales nucleares o aeropuertos, como lo ha hecho en numerosas ocasiones la organización ecologista Greenpeace. Y así, hasta una larga lista en la que se detalla tanto el acto sancionable como la multa potencial, que será de entre entre los 600 euros hasta 600 mil euros.

La ley se aprobó tras un intenso periodo de protestas con la oposición unánime de los demás grupos parlamentarios, los cuales vieron en la nueva legislación una vulneración flagrante de los derechos básicos de manifestación y expresión, además de una forma de criminalizar a los colectivos sociales que han luchado en años recientes contra los desahucios, las estafas bancarias y los recortes a los servicios públicos, sobre todo en los rubros de salud y educación. Pero además de intentar frenar a los activistas mediante las altísimas multas, la nueva legislación permitirá la llamada devolución en caliente de migrantes que crucen la frontera de Ceuta y Melilla, que podrán ser repatriados a Marruecos sin previa mediación de la justicia.

Prohíbe redadas indiscriminadas

En materia de trato a ciudadanos extranjeros, la nueva norma prohibirá a partir de ahora las llamadas redadas indiscriminadas por razones étnicas, que se realizaban sobre todo en los centros urbanos más importantes, que consistían en detener e identificar a toda persona que por su aspecto físico pareciera extranjera. Estas acciones, que se instauraron durante el anterior gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afectaban sobre todo a personas provenientes de América Latina y África.

Ante la entrada en vigor de la nueva ley, un grupo de activistas de Greenpeace realizó una protesta que podrá ser penalizada, pues se efectuó horas después de que entró en vigor la nueva legislación, la cual consistió en colgar de una grúa enfrente del Congreso de los Diputados una enorme pancarta en la que se leía: La protesta es un derecho

En un comunicado, Greenpeace aseveró: Esta norma carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España. Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos.

Añadió: En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, y ello contraviene las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos.

Greenpeace advirtió que a partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpretarán cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación, y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas.

La plataforma No Somos Delito convocó a manifestaciones en varias ciudades –en Madrid asistieron más de mil personas, quienes rechazaron la legislación. Para la plataforma, el acento legal está puesto en parar las mareas ciudadanas: Ambas medidas sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. O lo que es lo mismo, castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta, con lo que es una norma propia de sistema dictatoriales, señaló el grupo.