La ilegalidad en el mercado de vinos y licores en el país, tanto por adulteración como por evasión de impuestos abarca casi 43 por ciento, y el impacto fiscal que ocasiona sólo por la evasión del impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) se eleva a más de 6 mil 300 millones de pesos anuales, denunció el presidente de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (Civyl), Ángel Abarrategui Diez.

Durante la firma de un convenio entre representantes de la industria y el comercio formales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impulsar una campaña nacional contra la ilegalidad e informalidad en la industria de vinos y licores del país, Abarrategui Diez dio cuenta del tamaño del problema que afecta tanto al gobierno, productores, comercializadores y consumidores: el mercado ilegal de bebidas alcohólicas en el país se eleva a 21 millones de cajas de 9 litros cada una, es decir, 189 millones de botellas, que equivalen a 43 por ciento del total del mercado nacional.

No es un problema menor, sentenció Abarrategui Diez ante el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, pues también representa un severo daño para las finanzas públicas, no sólo mediante la evasión de impuestos, sino además por la afectación a las fuentes de empleo formales y al comercio establecido. Incluso recordó para ilustrar el tamaño del problema el reciente decomiso histórico de 825 mil litros de bebidas y alcohol etílico decomisados en los estados de Hidalgo y Veracruz.

Asistente como testigo de la firma del convenio y el lanzamiento de la campaña Juntos contra la Ilegalidad, el secretario de Hacienda refrendó el compromiso del gobierno federal en la lucha contra la ilegalidad y la informalidad, y resaltó el resultado de acciones concretas impulsadas conjuntamente con los productores y comerciantes, como los casos de las industrias textil y del vestido, del calzado y la automotriz.

Recordó que las medidas para evitar la importación subvaluda de mercancías para la industria del calzado permitieron una reducción de 78 por ciento en el llamado contrabando técnico, que impactó con un aumento de 26 por ciento en las exportaciones de calzado. Lo mismo ocurrió, dijo, en la industria textil y del vestido, donde entre febrero y mayo disminuyeron las importaciones de mercancías subvaluadas y se elevaron en 10 por ciento las exportaciones. En el caso de la industria automotriz, añadió, se observó una reducción de 74 por ciento en la importación ilegal de vehículos automotores y eso permitió aumentar en 21 por ciento las ventas internas de unidades nuevas.

Es un cáncer

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, la campaña para presentar un frente común contra la ilegalidad reviste especial importancia porque, más allá de lo económico, la piratería se ha convertido en una arista crítica en el desafío de la seguridad pública y con ello, para la gobernabilidad. La piratería, añadió, es un cáncer que afecta severamente a nuestra industria y al comercio establecido, y las afectaciones de esta actividad se relacionan íntimamente con el contrabando y fenómenos de competencia internacional desleal.