Durante los días previos a la elección del pasado 7 de junio, las protestas sociales realizadas en diversas entidades del país provocaron daños totales o parciales en 31 módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE), en cinco entidades del país. Una primera valoración del costo económico de los desperfectos causados lo estima en casi 4 millones de pesos.

En la sesión de la Comisión del RFE del Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros electorales lamentaron los daños patrimoniales ocurridos durante las movilizaciones.

El presidente de la comisión, Enrique Andrade, destacó la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la situación y puntualizó que la comisión gestionará ante el área ejecutiva los recursos extraordinarios para la remodelación o reconstrucción de las instalaciones.

El director del RFE, René Miranda, informó que a casi un mes de los sucesos, el área realiza las actividades para rehabilitar las instalaciones, así como para sustituir los equipos de los módulos que fueron dañados. Por el momento se está operando en sedes provisionales, por lo que actualmente sólo dos de ellos (Tantoyuca, Veracruz y Juchitán, Oaxaca) permanecen cerrados.

El informe rendido a la comisión da cuenta de que los 31 módulos dañados, nueve registraron pérdida total, 13 sufrieron afectaciones parciales (a pintura, mobiliario y equipo) y nueve más tuvieron daños menores.

En Oaxaca, 21 módulos reportaron daños (las dos terceras partes del total en esa entidad), en Chiapas fueron cinco módulos, en Guerrero tres y en Puebla y Veracruz uno en cada entidad.

Durante la sesión de la comisión, el consejero Ciro Murayama consideró que estos actos parecen propios de talibanes, pues fue una suerte de terrorismo contra la institución que quería garantizar el derecho al voto, y yo creo que frente a eso nuestra respuesta institucional precisamente debe ser dar todos los pasos necesarios para este servicio tan sensible.

Las imputaciones fueron cuestionadas de inmediato por representantes partidistas, quienes consideraron que este tipo de estigmatizaciones de orden religioso no son propias de ser utilizadas en el INE, según criticó Marcos Carrillo, del Partido Humanista, quien consideró que usar un término como terrorismo no era propio para la institución.

En su momento, el consejero Javier Santiago consideró que debería darse celeridad al seguimiento para restituir la infraestructura no sólo de los módulos de atención ciudadana, sino también de las juntas distritales.

En la sesión, el informe de Miranda reportaba que la primera semana que se reabrieron los módulos de atención –cerrados desde enero por el proceso electoral– en la que se lanzó la campaña de actualización permanente 2015, se realizaron 153 mil 758 trámites y en la segunda semana se superaron los 300 mil. Se tiene previsto que en los tres meses que se realiza esta campaña se efectúen 2.8 millones de trámites.