La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de ‘‘los graves hechos’’ del municipio mexiquense de Tlatlaya –donde 22 personas fueron muertas por militares–, y a ocho meses de haber emitido la recomendación 51/2014, ésta ha sido cumplida ‘‘parcialmente’’ por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno mexiquense.

El órgano de defensa de los derechos humanos detalló que de las diez recomendaciones que giró a la Sedena, está pendiente ‘‘la determinación de responsabilidad en el ámbito militar’’ de los servidores públicos involucrados; la PGR, institución a la que le hizo cinco recomendaciones, aún mantiene en integración el desglose de la averiguación previa para investigar la responsabilidad de otras personas.

Por lo que toca al gobierno del estado de México, al que la CNDH le formuló ocho recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, aún le queda pendiente la indemnización y atención médica y sicológica a víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables.

Por medio de un comunicado, la comisión reiteró que su intención no es confrontarse con las autoridades destinarias de sus recomendaciones, en este caso la Sedena, la PGR y el gobierno del estado de México, sino privilegiar las acciones en beneficio de las víctimas para lograr la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.

La recomendación 51/2014, por violación a derechos humanos, fue emitida el 21 de octubre del año pasado por el entonces ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva. Tres meses después, en enero de 2015, el nuevo presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, reclasificó esa recomendación como ‘‘violaciones graves de derechos humanos’’, el 19 de enero de este año.

En la recomendación 51/2014, documento de 98 cuartillas, Plascencia Villanueva subrayó que ‘‘por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) hubo obstrucción a la investigación, además de que esos policías cometieron agresión sexual y tortura, acreditadas por la CNDH, y también hubo irregularidades en la integración de la investigación’’.

Sostiene además que ‘‘la CNDH acreditó alteración de los hechos para simular que hubo enfrentamiento entre las víctimas y los elementos militares involucrados en la muerte de 22 personas (una mujer y 21 varones)’’.

También, en la propia investigación de la CNDH se sostiene que ‘‘los cuerpos fueron movidos de su ubicación original, por lo que se presume que las víctimas fueron privadas de la vida y los hechos no ocurrieron tal como dicen los militares. No hubo un enfrentamiento, sino dos, pero todo señala que los elementos del 102 batallón de infantería, en el choque armado que ocurrió en una bodega, ejecutaron a las víctimas’’.

En su comunicado, la CNDH detalla que, ‘‘con independencia de los procedimientos de investigación de los hechos, a cargo de las autoridades destinatarias de la recomendación, este organismo presentó tres denuncias penales ante la PGR, la PGJEM y la Procuraduría de Justicia Militar, así como tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (inspección y contraloría general del Ejército, visitaduría general de la PGR e inspección general de las instituciones de seguridad pública del estado de México, mismas que se encuentran en curso’’.

La comisión indica que la Sedena informó que, en lo que respecta a la reparación del daño y la atención a las víctimas, ‘‘ha iniciado un trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y una familia ya ha sido indemnizada’’.

La PGR ha cumplido con la consignación de la averiguación previa que se inició por esos hechos, así como con el hecho de que hiciera valer dentro de la causa penal las violaciones a derechos humanos de dos víctimas, debido a que la procuraduría federal formuló conclusiones no acusatorias y el juez de distrito ordenó su libertad.

Finalmente, el gobierno del estado de México ha cumplido con los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la procuraduría estatal y la colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV.