l consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama describió como actos que parecen propios de talibanes los ataques contra módulos de atención ciudadana de dicha institución perpetrados los días anteriores a la jornada electoral del domingo 7 de junio. Para el funcionario, la destrucción total o parcial de 31 módulos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz fue una suerte de terrorismo.

Las declaraciones de Murayama son impropias en boca de un consejero cuya tarea primordial debe ser velar por el desarrollo de la vida democrática en el país, en la medida en que sientan un precedente peligroso de confusión entre actos de protesta social –así sea por vías reprobables– y criminalidad. Para colmo, la irresponsable expresión del funcionario homologa a un movimiento laboral, como es el de los maestros disidentes del sindicato oficialista, con fundamentalismos religiosos ajenos al entorno nacional.

Adicionalmente, en el contexto de crispación entre el gobierno federal y el magisterio, que rechaza algunas disposiciones de la llamada reforma educativa, tales descalificaciones polarizan, atizan la tensión y abonan a una lógica represiva y a un curso de confrontación sin retorno posible entre los maestros inconformes y las autoridades.

Por lo demás, no debe eludirse el contexto de hartazgo social en que tuvieron lugar los actos señalados por Murayama, ni el hecho de que las principales acciones de fuerza contra los comicios se dieron en entidades particularmente golpeadas por la violencia y la pobreza, incubadoras a su vez de exasperación social.

A lo anterior debe sumarse la apatía, en el mejor de los casos, o el repudio, en el peor, que el sistema político y los procesos electorales generan en diversos sectores de la población. Un factor central de este rechazo es el descrédito de las instituciones electorales mismas y viene desde el pésimo desempeño del antiguo IFE, hoy INE, y del tribunal electoral federal en los comicios de 2006 y 2012. A los cuestionamientos derivados de esos procesos se agrega la inoperancia de la autoridad electoral para poner freno a las reiteradas violaciones a la legalidad por el Partido Verde Ecologista de México y otras fuerzas.

Por si algo faltara, después de la más reciente jornada electoral la credibilidad del instituto sufrió un grave revés cuando un presunto error técnico hizo que el jueves 11 de junio su página de Internet reportara los resultados de 100.66 por ciento de las casillas, lo que exhibió un desempeño operativo muy por debajo de las expectativas ciudadanas y de la responsabilidad institucional del propio INE.

Así, antes de aplicar calificativos desatinados, los representantes de la autoridad electoral deberían realizar un ejercicio de autocrítica y asumir que son corresponsables del rechazo que generan los procesos comiciales. Por ello, en vez de emitir expresiones desmesuradas tendrían que empezar a revertir el descrédito en que están inmersos y generar las condiciones para que quienes han perdido la confianza en los procedimientos democráticos vuelvan a creer en ellos.