n el asunto de la evaluación a los maestros, desde el punto de vista del sistema, desde la óptica del gobierno y del secretario Chuayffet, no se trata de dar argumentos, de dialogar y convencer con razones, sino de imponer por la fuerza llueve o truene
, y para ello se usan las armas propias de un sistema autoritario: policías y soldados vigilan los lugares en que se evalúa, rodean, encapsulan y siguen todas las marchas y manifestaciones de los profesores que opinan en forma diferente y hacen oír su voz como les es posible. Se les amenaza con dejarlos sin paga y les echan encima una campaña en contra por radio y televisión, acompañada de voces campanudas de comentaristas y articulistas que califican a los maestros de vándalos
, irresponsables y dañinos a la educación.
Quienes condenan a los maestros dicen defender la que llaman educación de calidad, que nos llevará al mundo globalizado, nos hará competitivos
. Dicen una y otra vez, en todos los medios de comunicación, que fue un gran éxito, que al primer intento acudió 83.4 por ciento de los que debían evaluarse. Razonan así: se evaluaron muchos, luego entonces, tenemos razón. No es así: acudieron muchos porque están bajo la amenaza de quedar sin empleo, excluidos de la docencia, que es su profesión, y con riesgo de perder su fuente de trabajo. Se sometieron por la amenaza del desempleo.
Eso no es un argumento, es una muestra de que el sistema represor está funcionando.
Una vez, un secretario de Hacienda que había sido profesor de derecho con cierto prestigio, de apellidos Carrillo Flores, promovió un impuesto a ojos vistas inconstitucional; sus amigos juristas y profesores de derecho como él lo fueron a ver para decirle: Toño, ese impuesto va contra los principios de equidad y proporcionalidad; vas a perder los amparos
. “Sí –contestó–, pero ya lo calculamos: hay 400 mil causantes y sólo pedirán amparo unos 200 o 300.”
La misma argumentación se está usando para imponer la dudosa reforma educativa
; muchos acatan por temor, comodidad, cálculo o lo que sea; 83.4 por ciento aceptó la evaluación, dicen, pero eso no la hace justa ni acertada desde el punto de vista pedagógico, ni la convierte en una medida oportuna. Es una imposición y las autoridades sólo son operadores del sistema que se quiere imponer y verdugos de quienes lo critican y resisten.
Conocedores de la materia, estudiosos calificados, como la doctora Raquel Sosa Elízaga y el maestro Manuel Pérez Rocha, han abundado en argumentos críticos de la reforma. Han señalado carencias y defectos y proponen que se rehaga. Las organizaciones de maestros tienen su propio proyecto, no aceptan que los evalúe un organismo autónomo al que faltan profesores y profesionales de la educación. Ese organismo representa a empresarios y usa criterios empresariales para juzgar a cientos de miles de maestros con situaciones personales, geográficas y sociales muy diferentes. Como si todo el país fuera igual, proponen un solo examen para todos. Confunden la educación con una fábrica de salchichas, las quieren todas iguales y del mismo tamaño y sabor. La realidad en México es totalmente diferente, somos un mosaico de pueblos y culturas; la uniformidad de factoría no es aplicable a la educación en México.
Una verdadera reforma debiera empezar por el reconocimiento de la dignidad de los maestros y de su liderazgo social en sus comunidades. No son empleados, no son simples asalariados, son profesionales que prestan un servicio delicado e importante y merecen reconocimiento. Testificamos un desastre en escuelas y centros de cultura y los responsables se llenan la boca con su 83.4 por ciento, como si con eso todo quedara resuelto. Los maestros disidentes, que son muchos más que los que se ven, defienden a los niños y a los jóvenes al defender la educación pública y gratuita para todos; se oponen al intento no confesado pero evidente de privatización de la educación, que quieren sólo para quien pueda pagarla.
Centros de cultura como el Ollin Yoliztli o escuelas como la secundaria diurna 51 de la colonia Niños Héroes, abandonada más de cuatro años, son sólo ejemplo del descuido y abandono en el que se encuentran por todo el país escuelas y centros de difusión cultural. Por ahí debieran empezar los celosos perseguidores y críticos de los maestros: por proporcionar a todos los niños y a todos los profesores salones de clase luminosos y acogedores, seguros y bien construidos; espacios para el recreo, bibliotecas, laboratorios y salas de lectura. Pero no: les preocupa cumplir con lo que llaman pomposamente parámetros internacionales de calidad
y en el fondo quieren contar con empleados dóciles y obedientes y no con verdaderos guías de la niñez y la juventud. No tienen argumentos para convencer, sólo tienen el poder para imponer la dichosa evaluación persecutoria. Les faltan, empero, razones y autoridad moral.
México, DF, 26 de junio de 2015.
