l examen de ingreso a la educación media superior en el área metropolitana de la ciudad de México, que se aplicó entre sábado y domingo, contó este año con una cifra histórica de 317 mil participantes, de acuerdo con la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).
Según cifras de ese mismo organismo, alrededor de 35 mil aspirantes se quedarán sin posibilidades de ingreso a alguno de los ciclos de bachillerato en el Distrito Federal y el área metropolitana por no presentarse al examen o no haber obtenido su certificado de secundaria.
A ese número, sin embargo, se sumarán la inmensa mayoría de aspirantes que no ingresará a la opción de su preferencia, entre las que destacan los planteles adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional. A manera de ejemplo, debe señalarse que mientras 174 mil aspirantes desean continuar sus estudios en algún centro de bachillerato incorporado a la UNAM, la máxima casa de estudios sólo podrá albergar a unos 35 mil nuevos estudiantes; el resto será canalizado a opciones diversas, incluyendo planteles técnicos, terminales o bachilleratos de baja calidad.
Así, si bien es cierto que todos los participantes que acrediten la educación básica tienen formalmente asignado un lugar en algún plantel de enseñanza media superior, el mecanismo de ingreso a éstos se vuelve un factor adicional de segregación social entre quienes pueden acceder a las escuelas de su elección y quienes son acomodados en alguna opción no deseada
. En los hechos, esa dinámica pone en entredicho la observancia del derecho a la educación media superior, elevado a rango constitucional desde octubre de 2011.
Dicha perspectiva, al igual que ocurre cada año con el fenómeno de los estudiantes excluidos de las universidades, no es atribuible a la falta de apertura o de planeación de instituciones educativas como la UNAM y el IPN, sino al rezago histórico que arrastra el país en materia de cobertura educativa: que cientos de miles de alumnos no alcancen a ingresar en las opciones de enseñanza media superior de su preferencia no se debe sólo a carencias en su preparación escolar previa, sino a la falta de cupo en los planteles públicos más demandados y a la insuficiencia de alternativas equiparables en instalaciones y calidad académica. Esta forma de exclusión es consecuencia de la asfixia presupuestaria, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual.
Para que el acceso de las y los jóvenes a los ciclos de educación media superior sea algo más que un formalismo es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos, así como frenar el proceso de conversión de la enseñanza en un producto disponible sólo para quienes puedan adquirirlo, proceso negado por los gobernantes de las tres décadas anteriores, pero convertido en una alarmante realidad hoy día.
